El tema de hoy:Responda, alcalde

Esta vez, el silencio no es una opción para Luis Castañeda Lossio. El alcalde de Lima está obligado a contestar un pliego interpelatorio de 141 preguntas que le ha hecho llegar la ciudadanía, a través del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), por sus no tan claras acciones al frente del municipio capitalino. Castañeda ensayó una respuesta, remitida el 11 de febrero al regidor Hernán Núñez. Pero el propio Núñez calificó el documento de “burla” y “remedo de respuesta”.

El JNE lo ha exhortado a que, en un plazo de 60 días, absuelva las interrogantes de manera “clara y directa”. En efecto, hay documentos que deben ser adheridos, fechas por precisar, contratos que mostrar, así como montos de inversión por esclarecer. Porque si hay algo por lo que se han caracterizado las administraciones de Castañeda es por ser poco transparentes. Nunca quedó claro, por ejemplo, cuánto costó el by-pass de la avenida 28 de Julio, que sigue generando caos en la ciudad, y la municipalidad no se preocupó por despejar las dudas. Es más, en 2015 se enfrentó al Ministerio de Economía para sacarlo adelante pese a las observaciones que le hacía el Ejecutivo respecto al gasto.

Por eso, una de las preguntas de cajón en el pliego es “¿cuál era el presupuesto original asignado a la obra del by-pass de 28 de Julio?”. Otra cuestiona “¿cuál fue el presupuesto asignado al servicio de limpieza pública para cubrir los compromisos con relación a los contratos con RELIMA/INNOVA ambiental S.A. en los años 2015, 2016 y 2017?”.

Recordemos que Relima fue una de las protagonistas del escándalo Comunicore, puesto al descubierto por Perú21. Además, se busca conocer “¿cuántos recursos se asignaron al presupuesto total de la Gerencia de Transporte Urbano en los años 2015, 2016 y 2017?”, entre otras importantes interrogantes.

El JNE deberá fiscalizar que las respuestas de Castañeda no remitan a buscar la información requerida en otros organismos so pretexto de que es pública, porque eso sería ‘by-passear’ este excelente mecanismo de fiscalización que prevé la ley para aquellas autoridades que se niegan a dar explicaciones sobre lo que vienen haciendo con el dinero de todos los contribuyentes.