El tema de hoy: De terror

María Elena Foronda, la vocera alterna del Frente Amplio, no ofrece disculpas, tampoco hace mea culpa por la contratación –a todas luces ética, política y socialmente incorrecta– de la condenada por terrorismo Nancy Madrid Bonilla, a quien conoció cuando ambas estaban recluidas en un penal de Cajamarca por ese delito. Por el contrario, la parlamentaria solo reconoce haber cometido un “error político” al contratar a Madrid para servirle a un Estado que ella misma intentó destruir siendo parte de la organización criminal MRTA.

En entrevista a El Comercio, la legisladora ha dicho que lo hizo “por humanidad”, esa humanidad que no tuvo Nancy Madrid cuando administró las llamadas cárceles del pueblo, donde los subversivos mantuvieron secuestrados a varios empresarios. Tres de ellos, incluso, fallecieron en manos de sus captores: Pedro Miyasato, el ciudadano español Fernando Manrique y David Ballón Vera, este último empresario minero que tras cinco meses de cautiverio fue encontrado en una calle de San Miguel con dos balazos en la cabeza, cuarenta kilos menos de peso y evidentes muestras de tortura.

Pero a Foronda no parece incomodarle eso (ella ha admitido que conocía los antecedentes de su ahora ex trabajadora) y tampoco, se presume, a sus compañeros de bancada, que orondamente han salido a justificar su “error político” y a dorar la píldora indicando, como lo hace Marco Arana, en entrevista que publicamos hoy en Perú21, que lo que buscan los detractores de Foronda es pasarle la factura a su agrupación por su lucha contra la corrupción (¿?).

Fuerza Popular ha anticipado que denunciará ante la Comisión de Ética a la congresista y promueve su suspensión por 120 días. En las otras tiendas, el tema pasa por agua tibia y es que, al margen de la indignación inicial, nadie más parece tener interés en que se reúna el referido grupo y, consecuentemente, se inicie la investigación sobre el caso Foronda.

Mientras tanto, ¿cuántas Nancys Madrid más “trabajan” para el Estado? Urge que el Parlamento deje expedita la norma que impide que ingresen al sector público los sentenciados por terrorismo y por apología del terrorismo y que ya aprobó en primera votación. En la lucha contra la subversión no caben las medias tintas; en algunas bancadas parece que sí.