El tema de hoy: Torpeza judicial

Si algo habían hecho bien la Fiscalía y el Poder Judicial hasta la fecha en la investigación a Ollanta Humala y Nadine Heredia, es que las medidas dispuestas fueron proporcionales a las evidencias que iban surgiendo. Si bien hubo cuestionamientos por la prisión preventiva que se les impuso, existían argumentos válidos que hacían creer que había un real peligro procesal.

Sin embargo, lo dispuesto hace unos días por el juez Richard Concepción Carhuancho, al ordenar la incautación de la vivienda de los Humala, a pedido del fiscal Germán Juárez, ha provocado que estos luzcan como víctimas. Y eso no contribuye en nada en el esfuerzo por conocer la verdad.

Dejar, literalmente, en la calle a una familia, sin que los investigados siquiera hayan sido acusados ni mucho menos sentenciados, es un exceso. En su resolución, Concepción indica que no existían otras medidas para garantizar el requerimiento fiscal. Pero, como lo han dicho distintos especialistas, sí había otras herramientas jurídicas a las que se podía apelar para asegurar el congelamiento de los bienes. Por ejemplo, el ex procurador anticorrupción César Azabache indicó que bastaba con bloquear la partida registral del bien para prohibir la transferencia, si es que el temor era que los procesados enajenen los inmuebles. El penalista Carlos Caro coincide en que una orden de embargo o de inhibición en Registros Públicos sobre la propiedad era suficiente.

Estas últimas marchas y contramarchas, que han sido motivadas por la Fiscalía, pueden perjudicar la investigación. La defensa de los Humala-Heredia ya recusó al magistrado porque considera que actúa de manera arbitraria y parcializada. El recurso, que está por resolverse en segunda instancia, ha atado de manos al juez. Si hace meses el fiscal Juárez tenía encaminado el caso, ¿por qué no presentó la acusación? Desde diciembre del año pasado, el coordinador de Lavado Activos, Rafael Vela, se paseó en distintos medios anunciando que la acusación iba a ser interpuesta a la brevedad. Pero eso nunca pasó. Y ahora la imagen que queda es que la Fiscalía se está desviando de su principal objetivo: demostrar que Humala y Heredia son culpables de lavado de activos. Como lo hemos sostenido acá, las pruebas son bastante sólidas como para lograr una condena. Fiscales y jueces deberían reconducir su estrategia.