La minería ilegal es uno de los delitos de mayor perjuicio para el Estado, no solo acarrea daño ambiental contaminando y destruyendo nuestros recursos naturales, sino también es la raíz de otros delitos asociados, como trata de personas, narcotráfico, esclavitud, evasión tributaria, entre otros. Combatirla dejó de ser ya un tema exclusivo de los ministerios de Energía y Minas y del Ambiente, del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y de los gobiernos regionales.
Poco a poco se han ido integrando a otras entidades públicas y privadas con este propósito, las que están obligadas a reportar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) las operaciones inusuales y/o sospechosas de actividades comerciales, civiles, bancarias y financieras, notariales, de juegos y apuestas, etcétera, que se realicen ante estas, y muchas podrían tener su origen en la minería ilegal.
Buena parte de nuestra Amazonía y territorios como Pataz, en La Libertad, van camino a ser zona liberada donde no tienen parte ni la ley ni la autoridad, sino las bandas criminales que dominan el espacio, al punto que el Estado ha perdido la fiscalización del mineral que se extrae. Para muestra un botón. Según un reporte del Diario El Comercio de febrero de este año, se calcula que un promedio de 660 toneladas de oro salen por día de Pataz, considerándosele de origen ilícito al no provenir de empresas legalmente constituidas en la zona; tremendo forado para las arcas fiscales del Perú al ser ingresadas sin ser declaradas al mercado, con la consecuente evasión tributaria que alcanza ribetes mayores al presentar el precio del oro este año, máximos históricos.
La gran base de datos de quienes compran o venden bienes en el país, la manejan la Sunat y la UIF a través de los reportes que tanto la Sunarp, notarios, empresas constructoras de proyectos inmobiliarios, casas de ventas de vehículos, entre otros, les remiten periódicamente como oficiales de cumplimento. Es responsabilidad de esas entidades que tal información pase por los filtros y contrastes de condecirse con los ingresos económicos de vendedores y compradores, declarados en su Renta Anual, máxime si las transacciones que conlleven pagos iguales o superiores a 2 mil soles deben bancarizarse y de esto también bancos, financieras, cajas y cooperativas informan a la SBS.
De manera que, en coordinación con los operadores de justicia y con el auxilio de las autoridades que velan por el orden interno, por lo pronto en las zonas de influencia de la minería ilegal, narcotráfico y terrorismo, ya debieran darse megaoperativos que dispongan la intervención de personas asociadas a ingresos provenientes de actividades ilícitas y el embargo de sus bienes. Se necesita perseguir sin cuartel el delito, darles a las bandas donde más les duele, su libertad y propiedades. La información está en poder de nuestras autoridades. ¿Qué más necesitan? ¿Voluntad política?
