Un botín para los traficantes

Con votos de todas las bancadas, el Congreso aprobó hace dos días ampliar el plazo para la titulación de las posesiones informales que hayan sido constituidas sobre terrenos estatales hasta antes del 31 de diciembre de 2015.

A pesar de que la norma tenía observaciones de Vivienda, Cofopri, Bienes Nacionales y Sunarp, el populismo clientelar se impuso. El debate pasó desapercibido entre los audios de la traición, la vacancia y las censuras, pero tendrá consecuencias irreversibles sobre nuestras ciudades y sus ciudadanos.

¿Cuál es el problema de la ley? Básicamente, la medida ofrece títulos de propiedad a quienes tengan viviendas construidas de manera informal sobre terrenos públicos. En principio, esto no pareciera mala idea. Pero lo que hace este tipo de medidas es promover y legitimar el tráfico de terrenos y a sus traficantes, y reducir la política de vivienda del país a la entrega de propiedad. Se trata de un discurso simplista, amparado en criterios hace tiempo demostrados errados.

En vez de buscar soluciones que mejoren la calidad de vivienda y ofrezcan alternativas de vivienda a costo social, se esgrime a los títulos de propiedad como solución milagrosa a la pobreza y exclusión, cuando existe una distancia enorme entre el registro formal y la verdadera formalidad. Se promueve, además, la continuación de la expansión caótica de las ciudades sobre terrenos no habilitados y sin servicios. Es así como, desde 2001, según Grade, el 93% del nuevo suelo urbano es resultado de urbanizaciones informales, donde probablemente, al inicio de la cadena, un traficante exprimió a alguna familia necesitada de vivienda.

Mientras esta ley se aprueba, los problemas de fondo, como las viviendas hacinadas, sin servicios y ubicadas en zonas de riesgo, y las mafias del tráfico de terrenos, se mantienen. Pero eso no les mueve ni una ceja a nuestros legisladores que buscan el aplauso fácil.