En 2002 se hizo el primer estudio integral sobre los recursos humanos en el Estado peruano de este siglo. En aquel entonces, había aproximadamente 800 mil funcionarios y servidores públicos, de los cuales 600 mil pertenecían a las carreras especiales (diplomáticos, maestros, docentes universitarios, jueces, fiscales, militares, policías, médicos y personal asistencial, entre otros), y unos 200 mil a la gestión administrativa. Estos últimos eran, en el buen sentido de la palabra, “burócratas”: funcionarios y servidores públicos que gestionaban los bienes y fondos públicos permitiendo que el Estado opere.
En los últimos 20 años, el Producto Bruto Interno se ha duplicado, el gasto público en general se ha triplicado, en tanto que el gasto en planillas de servidores públicos, sin considerar las locaciones de servicio, se ha cuatriplicado. Ello no estaría mal en la medida que los servicios públicos son intensivos en recursos humanos. De hecho, necesitamos más y mejores maestros y docentes, médicos y personal asistencial, policías, militares, jueces, fiscales y demás.
La cuestión es que, al realizar un análisis detallado, vemos que las 600 mil personas de las carreras especiales, hoy son más de 950 mil; es decir, que en 20 años se ha crecido en 58%. En el caso de los burócratas la variación también ha sido ascendente, pasando de 200 mil a más 900 mil, lo que representa un crecimiento de 375%. En efecto, hoy en día trabaja en el Estado (considerando todas las modalidades de contratación, incluyendo los locadores de servicios que desarrollan tareas permanentes) alrededor de 1 millón 850 mil personas.
La pregunta es si necesitamos un Estado con un mayor número de burócratas o uno más bien pequeño y eficiente. Por ello, la reforma del servicio civil, junto con la reforma política, del sistema de justicia, la simplificación administrativa y la mejora de la calidad regulatoria, es fundamental no solo para combatir la corrupción y la ineficiencia, sino también para alcanzar un Estado que esté verdaderamente al servicio del ciudadano, con servidores íntegros, competentes y que accedan a sus cargos de manera meritocrática, que estén bien calificados y adecuadamente remunerados.
Tengamos claro que solo con un crecimiento del Producto Interno Bruto superior al 4% se puede comenzar a reducir de manera significativa la pobreza. Además, la economía no podrá incrementar su trayectoria de crecimiento potencial, ni mucho menos acercarse a ese crecimiento efectivo si no existe una carrera pública meritocrática que garantice dos aspectos esenciales: que ingresen y permanezcan solo los mejores en la administración pública, y que quienes no asciendan de manera programada en la carrera sean retirados de ella.
La implementación de una carrera pública administrativa meritocrática y calificada debe ir acompañada de un adecuado dimensionamiento de la operación estatal, lo cual impactaría de manera directa y positiva en el modelo de gestión del servicio civil que necesita el país. Y para ello se requieren el compromiso y el liderazgo del gobierno en el diseño y ejecución de la estrategia, así como del consenso del Congreso para aprobar las reformas necesarias y asegurar la dotación presupuestaria plurianual de recursos, y concretar una reforma sostenible.
Resulta evidente que, en este momento, no se dispone de esos elementos para llevar adelante la reforma. Sin embargo, el gobierno podría avanzar al menos en un proceso concreto de simplificación administrativa y mejora de la calidad regulatoria, dando los pasos iniciales para reducir tanta norma y trámite que no agrega valor y solo complica la operación estatal, ya que se precisa optimizar el futuro dimensionamiento del servicio civil.
Será tarea del nuevo gobierno diseñar e implementar esta gran reforma. Se trata de elevar significativamente la calidad y productividad del sector público, particularmente a nivel subnacional, y así alcanzar y sostener una senda de crecimiento y bienestar para todos los peruanos.
