La selva envuelta en llamas. El fuego arrasa lo que eran alfombras verdes, deja a su paso un sombrío y destrozado paisaje que desgarra el alma. El cielo, antes azul y despejado, ahora luce ennegrecido por el humo que contamina al pulmón del mundo. No es casualidad que los incendios forestales se iniciaran luego de la aprobación de una desastrosa Ley Forestal por este Congreso de la República, que entrega, en mortal bandeja, nuestro refugio natural a los depredadores que ven en la Amazonía un infame negocio, sin importarles el daño inmenso que causan a la naturaleza.
Si bien no es una novedad que los pequeños agricultores talan árboles y luego queman los restos para sembrar arroz y cacao, hoy, esa práctica se ha extendido hasta convertirse en una actividad fuera de control que ha terminado generando enormes incendios forestales. El Congreso está entre los causantes de ese fuego destructivo. Siete parlamentarios de Perú Libre, en enero de este año, en una muestra de insensatez lograron que se promulgue por insistencia la Ley 31973, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, la cual permite que los posesionarios puedan obtener títulos de propiedad, inclusive, en reservas protegidas. No es casual que la autora de la ley sea la congresista Elizabeth Medina, actualmente investigada por cobrar coimas a los alcaldes.
La actividad congresal consiste en engañar para beneficiar el delito. Nos venden la idea de progreso en la Amazonía y, literalmente, terminan vendiendo humo. La calamitosa Ley Forestal es celebrada por los traficantes de terreno, que han logrado un mecanismo fatal: pueden invadir y, en dos horas, conseguir un certificado de posesión con fecha adulterada, de esos que municipios corruptos entregan de manera exprés. El siguiente paso es casi automático: obtener el título de propiedad. El Congreso abrió la puerta a una tremenda e irreversible desgracia ecológica.
Mientras las autoridades se hacen de la vista gorda, suman miles de hectáreas deforestadas las que han terminado por generar una tragedia ambiental con incendios que no se pueden sofocar y que, junto con la destrucción de la naturaleza, están dejando víctimas humanas.
Según el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), son 173 emergencias en 20 departamentos del Perú, sin prevención ni gestión. Las leyes tampoco sancionan a los incendiarios. Los congresistas prenden fuego y quedan impunes frente a este atentado contra los bosques que, además de afectar el ecosistema, acaba con vida silvestre y deja sumergida en más pobreza a comunidades enteras.
El Gobierno Regional de San Martín presentó una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la funesta Ley Forestal, y aún la resolución está en trámite. Urge que el Tribunal Constitucional revierta esa dañina ley para frenar la devastación en nuestra Amazonía antes de que sea demasiado tarde. La selva necesita que se apague el fuego originado por una ley salvaje.
