Ha pasado exactamente una semana y el Ministerio del Interior del señor Santiváñez, tan acomedido para empapelar a los oficiales de la Diviac que solo cumplieron con su labor al apoyar al Eficcop en la lucha contra la corrupción del poder, sigue sin dar pie con bola en sus responsabilidades mayores.
Ya no digamos en la lucha contra la delincuencia en general, en la que este Gobierno ha demostrado ser un absoluto desastre de estrategia y eficiencia, sino en casos de crímenes concretos y notorios que deberían haber sido resueltos o estar en camino de resolverse. Uno de ellos, quizás el más llamativo, fue el asesinato a la luz del día del secretario general del Sindicato de Construcción Civil en Lima, Arturo Cárdenas.
Tanto el ejecutor como los autores intelectuales de este homicidio continúan en libertad y, seguramente, cometiendo a sus anchas los delitos en los que este valeroso dirigente obrero representaba un obstáculo mayor. Como se recordará, no pasaron ni 24 horas para que otro dirigente fuera también abaleado al salir de su casa.
Pero como señaló el presidente de la Confiep, Alfonso Bustamante, en su columna del último miércoles en Perú21, el escalamiento de la violencia requiere, además, una respuesta enérgica del Ministerio de Trabajo, pues los dirigentes de Construcción Civil señalan que existen muchos falsos sindicatos que se camuflan con esos nombres y se inscriben en el MTPE. No es el caso del gremio de Arturo Cárdenas, que es el más antiguo del sector.
Una de las herencias nefastas del Gobierno de Alan García, que facilitó el otorgamiento de las licencias a otras agrupaciones gremiales en el sector, es esta proliferación de sindicatos fantasmas –en realidad, bandas del crimen organizado– que justamente suelen enfrentarse al gremio histórico en su afán de cobrar cupos a las empresas de construcción.
Una revisión minuciosa de este portafolio debería llevar a la cancelación inmediata de las licencias de esos pseudosindicatos, integrados por facinerosos que no tienen nada de obreros y sí mucho de extorsionadores profesionales.
Este clima de violencia y desgobierno debe influir, también, en los indicadores económicos, que podrían estar muy por encima de los vaivenes de crecimiento que registra el sector en los últimos dos años.
No hay peor mix que el de autoridades incompetentes y crimen organizado para desanimar o hacer dudar a cualquier inversionista, dado el consiguiente aumento en costos de seguridad —y recorte de puestos de trabajo— que acarrea cada obra.
La situación en el sector no hace más que empeorar. Las alarmas están encendidas desde hace tiempo, pero todo indica que en el Gobierno nadie tiene la intención de atenderlas.
