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Violador sale libre
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“Este violador acaba de salir corriendo del Poder Judicial porque Fiscalía pidió comparecencia y no prisión preventiva [...] Maldita sea, ¡qué tienen!”. Una periodista mostraba en Twitter su comprensible indignación contra el sistema de justicia. Más allá del caso concreto, pocas veces vemos en perspectiva los cambios que se vienen impulsando. Ello ocurre con la prisión preventiva. Una medida penal para encarcelar temporalmente a un sospechoso de un delito y asegurar la efectividad del proceso (que no escape ni bloquee la investigación).
No existen dos tipos de prisión preventiva. Una para políticos presuntamente responsables de lavado de activos y otra para presuntos violadores. La medida es una. Y las altas cortes vienen elevando la exigencia de sus requisitos para restringir su uso. El impulso garantista busca limitar al derecho penal como último recurso y afirmar la presunción de inocencia. Que la prisión de alguien sin condena sea excepcional.
La sentencia de Keiko Fujimori fue un paso extremo en esa dirección. Sin fundamentos que precisen rotundamente en qué se equivocó la justicia al dar la prisión preventiva (ni aclaración posterior), cuatro voluntades de los magistrados del TC coincidieron en que había que excarcelarla. Una lectura posible es que los operadores deben desistir de usar la medida en todos los casos. Sin ser sentencia vinculante, “lo ha dicho” el intérprete constitucional. Ello es peligroso.
Desde disciplinas distintas, César Azabache, Luis Pásara y Alfredo Torres han explicado que, correcta o incorrectamente, la prisión preventiva cumplía una función de cara a una ciudadanía harta de inseguridad y corrupción. Ahora, ¿cómo responderán jueces y fiscales? ¿Afinarán el uso de la prisión preventiva? ¿Utilizarán medidas alternativas? Pero, sobre todo, ¿cómo lograr que aumenten capacidades y recursos que permitan investigaciones, acusaciones y juicios penales efectivos en plazos razonables? Más allá del apellido Fujimori, se precisa una respuesta.
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