En los albores de la República del Perú, la Constitución de 1823, promulgada el 12 de noviembre, marcó el inicio de una era de profundos cambios en la historia de la nación. En medio de la guerra que consolidó la independencia y la anarquía de los primeros años, la carta magna peruana estableció el principio de separación de poderes del Estado o el “celestial invento”, como el historiador tacneño Jorge Basadre lo llamó.
La creación de la Corte Suprema se menciona en el capítulo VIII, denominada Poder Judiciario, a través del artículo 98: “Habrá una Suprema Corte de Justicia que residirá en la capital de la República, compuesta de un presidente, ocho vocales y dos fiscales, divididos en las salas convenientes”. El término poder judicial se utilizó recién a partir de 1826 con la segunda Constitución peruana.
Tras la derrota final de las huestes españolas, el 19 de diciembre de 1824, el Libertador Simón Bolívar, dicta un decreto para la instalación de la Corte. Desde entonces, a punto de cumplir doscientos años, la Corte Suprema de Justicia es la más alta instancia del Poder Judicial y el órgano jurisdiccional encargado de mantener vivo el legado heredado: ejercer sus funciones de manera autónoma y sin interferencias de ningún otro poder.
Del Palacio de los Virreyes al de Justicia
Antes de la Constitución de 1823, pilar fundamental del sistema jurídico peruano, el Poder Judicial se concentraba en las autoridades españolas, encargadas de administrar justicia en nombre del rey mediante la Real Audiencia y los corregimientos. Las reformas implantadas por la Corte de Cádiz de 1810 impactaron profundamente en las colonias de América al consagrar el principio de igualdad entre americanos y españoles, al proclamar la libertad de pensamiento y de expresión y, sobre todo, al trasladar la soberanía al pueblo. El grito de “libertad” fue estruendoso.
El Perú no fue ajeno a estos cambios. Meses antes de la declaración de independencia, en febrero de 1821, convencido de que los peruanos necesitaban una justicia autónoma, el general José de San Martín creó la Cámara de Apelaciones de Trujillo, compuesta por un presidente, dos vocales y un fiscal. Pero, en apenas seis meses de vida, esta dio paso a la Alta Cámara de Justicia, el antecedente más cercano de la Corte Suprema.
Tras la promulgación de la primera Constitución del Perú, la Corte Suprema fue instaurada a finales de 1824, pero entra en funciones algunos meses después. Bolívar designa a Faustino Sánchez Carrión, primero como ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores y, después, como vocal de la Corte Suprema. Es él quien, en representación del libertador venezolano, nombra al jurista Manuel Lorenzo de Vidaurre como primer presidente de la Corte Suprema. El Acta de Instalación de la corte da cuenta de la toma de juramento el 8 de febrero de 1825. Junto con Vidaurre fueron designados los vocales Francisco Valdivieso, José Cavero y Salazar, Fernando López Aldana e Ignacio Palomeque.
Ese día se llevó a cabo una gran ceremonia en el Palacio de los Virreyes, donde funcionó la Real Audiencia y posteriormente, durante décadas, la Corte Suprema. En 1939, diez años después de que se ordenara su construcción, fue inaugurado el actual Palacio de Justicia, joya arquitectónica del Perú.
Reconocimiento y conmemoración
Hace apenas un mes, el 19 de julio pasado, el Acta de Instalación de la Suprema Corte de Justicia fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación. Custodiada por el Archivo de la Secretaría General de la Corte Suprema, el documento se erige como el primer libro de sesiones de Sala Plena, en el cual no solo se registraron sesiones, sino también nombramientos, destituciones y conformación de salas, desde 1825 hasta 1846.
El Acta de Instalación no es el único documento histórico que merece el título de patrimonio cultural. A la espera de este reconocimiento están alrededor de 60 expedientes que dan cuenta de cómo se impartía justicia en el siglo XIX. Entre ellos destacan los casos judiciales del avezado delincuente apodado el ‘Rey del Monte’ y el de la primera abogada del Perú, María Trinidad Enríquez Ladrón de Guevara.
Las actividades por los dos siglos de la Corte Suprema se iniciaron en julio, pero preliminarmente el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, lideró la develación del busto del general don José de San Martín y del primer presidente de la Corte Suprema, Manuel Lorenzo de Vidaurre.
En los próximos meses, el BCRP presentará la moneda del bicentenario de la Corte Suprema, que tendrá grabado el frontis del Palacio de Justica. Serpost, por su parte, hará lo propio con la estampilla bicentenaria. Esta contará con las fotos en miniatura de todos los presidentes del Poder Judicial. La presentación del libro del bicentenario de este poder y la inauguración de la Sala de Exposiciones y Vestuario también serán parte de los eventos que conmemoren los dos siglos de vida de una institución nacida con independencia, igualdad y autonomía para impartir justicia.
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