Abusador de la pequeña ‘Mila’ tenía secuestrado a niños, quienes evidencian abuso sexual

Como se recuerda, Lucas Pezo abusó sexualmente y embarazó a Mila, la pequeña niña de 11 años que marcó un importante episodio cuando fue sometida a un aborto terapéutico en el año 2023.

Pese a que las autoridades habían prometido proteger a la menor y sus familiares, este individuo continuó con los abusos durante meses en un descampado donde los había secuestrado.

Los agentes tuvieron que caminar por kilómetros en medio de la selva para poder encontrar el escondite de Lucas Pezo Amaringo, quien tenía en cautiverio a una mujer junto a sus tres menores hijos, que según los médicos legistas, tenían evidencias físicas de abuso sexual.

Pezo Amaringo, de 42 años, ya había sido detenido por las autoridades, pero se le dictó comparecencia restrictiva mientras se investigaba el caso. Poco más de un mes después se le dictó prisión preventiva. No obstante, huyó y nunca fue capturado.

Al momento en que llegaron las autoridades donde tenía retenidas a las víctimas, Lucas Pezo Amaringo volvió a escapar, mientras que la madre junto a sus tres hijos fueron puestos a buen recaudo.

En 2023, el caso de ‘Mila’ llegó a todos los rincones del país, luego de que, inicialmente, se le negó el acceso al aborto terapéutico en el Hospital Regional de Loreto.

‘Mila’ vivía con su familia en una zona rural de Iquitos sin acceso a servicios básicos. No sabe leer ni escribir. Cuando cursaba el tercer grado de primaria, fue retirada del colegio por su padrastro, Lucas Pezo Amaringo, un ser violento que ya maltrataba a la mamá de la pequeña. “Este sujeto la retiró de la escuela evidentemente para seguir generando toda la violencia física, psicológica y sexual sobre la menor y su madre, además de violencia física, psicológica y económica sobre sus otros hermanos”, indicó a Perú21 la abogada de Promsex Isbelia Ruiz, quien ha asumido su defensa.

En 2021, un familiar denunció a Pezo por tocamientos indebidos contra ‘Mila’. “Esa denuncia no provocó ningún movimiento del Estado. Nunca buscaron al agresor, no pasó por una pericia psicológica, jamás hicieron nada para investigar la situación de ‘Mila’ y de su familia”, indicó la abogada.

El 2 de julio, en un acto que revela la desesperación en la que se encontraba, la pequeña denunció por violación a su padrastro, el que fue detenido el 3 de julio, tras otra denuncia por el mismo delito hecha por la madre de la menor. Allí también se enteró de que se encontraba en estado de gestación. Tres días después, sin embargo, el magistrado Bernuel Espíritu Portocarrero, del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de Loreto, dejó en libertad a Pezo, en un hecho condenable y en el que no se podría descartar alguna irregularidad. Este juez, en declaraciones a diversos medios, argumentó que “no había pruebas suficientes”, “que la fecha del embarazo no coincidía con la versión de la niña” y otras penosas justificaciones.

El drama judicial seguía, en paralelo, a otro más complejo: el embarazo de la niña. El 3 de agosto, una junta médica le negó el aborto terapéutico, solicitado por la madre de la menor, cuando ya contaba con 18 semanas de embarazo. Los galenos consideraron que ‘Mila’ no tenían ninguna alteración mental y que su embarazo iba por buen camino. El caso tuvo que hacerse mediático, lamentablemente, para que las autoridades reaccionen. En un comportamiento cuestionable, Lisbeth Mori, directora de la Unidad de Protección Especial de Loreto, le dijo a la mamá de la niña: “La violencia sexual que ha sufrido tu hija no se va a sanar con el aborto que le van a practicar”.

‘Mila’ fue traída a Lima el 9 de agosto, el 12 fue sometida a un aborto terapéutico en el Instituto Nacional Materno Perinatal. Paralelamente, la justicia trataba de enmendar su error. El caso fue derivado a una sala superior, que, el 16 de agosto, dictó nueve meses de prisión preventiva para el prófugo Lucas Pezo, un sujeto con un perfil psicosexual digno de un depravado.

“Nos podemos dar cuenta de que los funcionarios no actúan bajo el marco de la ley y los derechos, sino que muchas veces dentro de sus funciones quieren dejar sentadas sus opiniones de manera subjetiva. Y dentro de ellas se encuentra la religión”, expresó la abogada Isbelia Ruiz.