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Inician proceso disciplinario a médicos legistas que vieron caso de Arlette Contreras
El Ministerio Público decidió investigar el accionar de los galenos Luis Gabriel Castillejo Melgarejo y Zoila Mendoza Zavala, acusados de irregularidades el proceso de la joven arequipeña.
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Indignada. Arlette Contreras quiere que se haga un nuevo juicio. (Roberto Cáceres)
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La abogada pidió a la ciudadanía estar atentos a su caso a cargo de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho. (USI)
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Arlette Contreras señaló a este diario que el Poder Judicial "es cómplice de los asesinos y violadores". (LuisCenturión/Perú21)
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Corte Superior de Ayacucho anuló sentencia contra Adriano Pozo, agresor de Arlette Contreras. (Difusión)
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Arlette Contreras (Elias TG)
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El Ministerio Público informó que se inició un proceso disciplinario contra los médicos legistas que intervinieron en el caso de Arlette Contreras, quien fue agredida por Adriano Pozo, a quien demandó y acaba de ser absuelto de los delitos de tentativa de feminicidio y violación sexual.
Mediante un comunicado informó que se ha dispuesto investigar a Luis Gabriel Castillejo Melgarejo y Zoila Mendoza Zavala, luego que se diera a conocer las graves irregularidades en las que habrían incurrido ambos durante el proceso penal que interpuso la abogada arequipeña contra su agresor.
Esto debido a que, Castillejo Melgarejo, de la División Médico Legal II de Ayacucho, habría cambiado su versión en el juicio oral frente a los resultados del certificado médico legal emitido por él mismo; mientras que Mendoza Zavala, de la División Médico Legal de Ica, participó en el juicio como perito de parte presentado por Adriano Pozo, cuestionando los resultados periciales pese a que está prohibido para cualquier médico legista del Ministerio Público participar como perito de parte.
Esta investigación a la que serán sometidos ambos médicos, tendrá como objetivo corroborar los hechos y, de encontrarse responsabilidad, se solicitará la su inmediata destitución.
El Ministerio Público reafirmó su compromiso en la lucha contra la corrupción cualquiera sea su origen, garantizando un debido proceso y rechazando toda forma que afecte la correcta administración de justicia.
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