Invasiones y violencia afectan a comunidades kakataibo de la selva central

“Esta situación demanda del Estado peruano una acción integral y coordinada, no solo para frenar el avance de los colonos sobre territorios comunales, sino también para asegurar protección y justicia”, señala Margarita Benavides, subdirectora del IBC y coeditora del libro Despojo y violencia en Unipacuyacu: Impacto de la falta de titulación en comunidades kakataibo.

La publicación aborda varias aristas del tema a través de contribuciones de diversos especialistas, con énfasis en las amenazas actuales al territorio y a sus líderes y pobladores.

Destaca el caso de la comunidad Unipacuyacu, cuya falta de seguridad jurídica aumenta su vulnerabilidad a las invasiones de población migrante, según explica Benavides: “Luego de gestionar su titulación por casi tres décadas, sin obtenerla, Unipacuyacu ha quedado invadida en su mayor parte, habiéndose vulnerado derechos colectivos indígenas con la anuencia del Estado, por no haber actuado oportunamente”, señala.

“Al interior del territorio comunal han sido reconocidos de manera irregular un centro poblado y dos caseríos”, añade.

Testimonios de cinco líderes kakataibo, entre ellos Marcelino Tangoa, jefe de la comunidad Unipacuyacu que sucedió a Arbildo Meléndez, asesinado en abril de 2020, describen cómo los comuneros están expuestos a amenazas constantes que comprometen la realización de actividades necesarias para su subsistencia, como caza, pesca y recolección de productos forestales. También destacan que, si bien el caso de Unipacuyacu es el más dramático, no es el único, ya que casi todas las comunidades kakataibo enfrentan casos de invasiones al territorio comunal, intimidación y falta de acción del Estado.

“Y así como el crimen organizado se ha apoderado de grandes extensiones de la Selva Central del Perú, ahora el deber de las autoridades ya no es solo formalizar nuestra tenencia de la tierra, sino, además, cumplir con su obligación de proteger nuestras vidas, como ciudadanos peruanos que somos, y hacer justicia”, afirma Herlin Odicio, presidente de la Fenacoka, organización representativa de las comunidades del pueblo Kakataibo.

El análisis que realiza Ermeto Tuesta sobre el caso de la falta de titulación de la comunidad Unipacuyacu expone las profundas deficiencias del proceso administrativo de titulación de comunidades nativas vigente. Tuesta, que es especialista del IBC en seguridad jurídica de territorios de pueblos indígenas amazónicos, refiere cómo, a lo largo de 27 años de gestiones infructuosas, esta comunidad debió responder a los múltiples requerimientos de la Dirección Regional Agraria de Huánuco, realizando una y otra vez diagnósticos y demarcaciones de sus linderos, procesos que en todos los casos volvieron a foja cero.

“En la práctica, el proceso de titulación de comunidades ha perdido su sentido original de regularización de un hecho preexistente´ y se ha convertido en un proceso administrativo enormemente largo y tortuoso, de alto costo económico, sujeto a los intereses de terceros y caldo de ineptitud y corrupción estatal”, concluye Tuesta.

Luis Hallazi, especialista legal del IBC, subraya la urgencia de crear condiciones legales y políticas para que los pueblos indígenas obtengan derechos plenos sobre sus territorios. Además, destaca la necesidad de “atender de una manera integral y efectiva la violencia sobre líderes indígenas y defensores ambientales, y sus causas estructurales”. Menciona el potencial del Mecanismo Intersectorial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos creado en 2021.

Sobre las presiones ambientales que sufre el territorio kakataibo escriben Miguel Macedo, Pedro Tipula y Sandra Ríos, enfocándose en las comunidades de Santa Martha y Unipacuyacu, que se hallan cercadas por la deforestación causada por la tala y la minería ilegales, el tráfico de tierras y la expansión de cultivos de coca destinados al narcotráfico. Estas actividades son impulsadas por la creciente presencia de población foránea en el entorno de las comunidades e incluso dentro del territorio solicitado titulación o ampliación.

Los autores citan datos de Mongabay sobre la proliferación de pistas de aterrizaje clandestinas en Ucayali. De las 46 identificadas en la región, cuatro están en las comunidades kakataibo de Puerto Nuevo, Unipacuyacu y Santa Martha, lo cual denota operaciones de narcotráfico en el área. Esta información condice con datos del Sistema de Información de Lucha Contra las Drogas (SISCOD) según el cual el territorio kakataibo corresponde parcialmente con la denominada “Zona de Aguaytía”, una de las 14 zonas cocaleras identificadas en el país.

El economista Hugo Cabieses, investigador y exasesor de DEVIDA, explica cómo la erradicación de la coca y control de vuelos de avionetas vinculadas al narcotráfico en el VRAEM están ligadas a la expansión de migrantes cocaleros hacia la selva de Huánuco y Ucayali, donde se ubica el territorio kakataibo, ocasionando deforestación, invasiones de tierras y violencia.

La mayoría de los cultivadores de coca que han estado migrando en los últimos años hacia Ucayali, hacia Padre Abad y Puerto Inca, son colonos que provienen del VRAEM”, afirma Cabieses. Precisa que se trata de actores vinculados al narcotráfico: “Varias decenas de ellos son los que se han trasladado hacia Ucayali, porque el negocio del narcotráfico y el tráfico de cocaína y pasta básica se está haciendo mucho menos desde el VRAEM y más bien se ha concentrado en Ucayali para salir hacia Brasil”.

Sobre el tema de las supuestas “rondas campesinas” que operan en el territorio de los Kakataibo, y cuya legitimidad se encuentra cuestionada, Cabieses señala que, según le ha confirmado personalmente el presidente de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú, Santos Saavedra Vásquez, esta entidad no tiene presencia oficial ni desarrolla actividades en la zona de Unipacuyacu.