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CAL: acusaciones contra estudios de abogados "deben probarse"
La decana del gremio de abogados sostuvo que sí respetan los poderes del Estado, pero también la figura de presunción de inocencia.
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La decana del Colegio de Abogados de Lima (CAL), María Elena Portocarrero, llamó a respetar la figura de la presunción de inocencia en el contexto del allanamiento que el Ministerio Público llevó a cabo al estudio de abogados Oré Guardia.
"Se dice que hay estudios involucrados, que hay abogados involucrados, que hay civiles involucrados, hay personas de diferentes ámbitos involucrados. Primero se deben probar estos hechos y luego de un proceso con las garantías que se exigen se darán las sanciones respectivas", manifestó a radio Exitosa.
María Elena Portocarrero resaltó la importancia de la presunción de inocencia e instó a que se respete el orden jurídico para que no se tomen decisiones erradas por presión o por situaciones coyunturales.
"Si nosotros estamos hablando de la presunción de inocencia, se parte del principio que la responsabilidad se prueba y la inocencia se presume. Todas las afirmaciones deben ser probadas. En mérito a la probanza luego se dará la sanción", refirió.
Sin embargo, la decana del CAL aseguró que toda la colegiatura respeta a las instituciones y los poderes del Estado, así como la defensa del ejercicio legal de la profesión.
"Hay una gran preocupación gremial. El CAL es respetuoso de las instituciones y los poderes del Estado. También se respeta y defiende el ejercicio legal de la profesión. Por tanto, el gremio rechaza cualquier acto arbitrario que atente contra el legítimo y legal ejercicio que el abogado ejecuta en todos sus niveles", manifestó.
El martes, un equipo liderado por el fiscal José Domingo Pérez allanó el estudio de abogados Oré Guardia, en San Borja, como parte de las investigaciones por los presuntos aportes de Odebrecht al partido Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular). El juez Richard Concepción Carhuancho autorizó la medida por un plazo de 48 horas.
Frente a esta medida, el Colegio de Abogados de Lima emitió un pronunciamiento donde rechazan "toda actuación o decisión de las autoridades que limiten al abogado su labor de defensor" y exhortan a las autoridades al cumplimiento estricto de la ley.
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