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Caso JNJ: Universidad Católica rechaza inhabilitación de Inés Tello y Aldo Vásquez

Publica comunicado en el que señala que la decisión del Congreso “es un claro atentado contra la independencia y la autonomía del sistema de justicia en el Perú”. Esto, a pocas horas de que, mañana lunes, el Parlamento vote la destitución del presidente de esa entidad, Antonio de la Haza.

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Respalda a los dos miembros de la JNJ destituidos por el Congreso el pasado jueves. La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) publicó, el viernes último, un comunicado en el que rechaza la decisión del Parlamento de haber aprobado el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), que recomienda la acusación constitucional y la inhabilitación de 10 años de la función pública de Inés Tello y Aldo Vásquez, hoy exintegrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
“Consideramos que esta acción del Congreso constituye un claro atentado contra la independencia y la autonomía del sistema de justicia en el Perú, así como una violación flagrante de los principios democráticos y del Estado Constitucional de Derecho”, señala parte del comunicado de la PUCP.
Este es el pronunciamiento de la PUCP.
El comunicado se publica a pocas horas de que, mañana lunes, el Pleno vote, a las 4:00 p.m., la acusación constitucional e inhabilitación del titular de la JNJ, Antonio de la Haza, cuyo escrutinio quedó pendiente en el Pleno del último jueves.
Lo que pasó es que en la primera votación, no se alcanzó los 67 votos requeridos para acusarlo e inhabilitarlo. Debido a ello, Renovación Popular presentó una moción de reconsideración es esa votación; esta, fue admitida, y quedó pendiente el escrutinio.
En medio de una sesión apañada por cuatro pedidos de reconsideración para cambiar la votación, el Pleno del Congreso decidió, el jueves último, se recuerda, destituir de sus cargos al vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Aldo Vásquez, y a su integrante Inés Tello. Al resto de miembros de dicha entidad, resolvió que se mantengan en sus puestos.
¿Por qué? Porque el informe final de la SAC determinó que los siete miembros cometieron infracción constitucional por vulnerar el artículo 156 de la Constitución al mantener en el cargo a Inés Tello, pese a que tenía más de 75 años de edad, y que la Carta Magna lo prohibía.
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