Choque de posturas por dictamen que busca transparentar fondos de ONG

El abogado Anthony Laub, a favor de este proyecto, —al que califica de “superpositivo”— justifica que se regule la intervención política de estas organizaciones.

“Desde hace mucho tiempo las ONG vienen actuando de manera libérrima, donde muchas veces se confunde lo que hacen. Así, bajo el amparo de algún tipo de concepto de protección al medioambiente, cultura, sociedad o a grupos amenazados, lo que hacen es intervenir en políticas del Estado y al intervenir en el desarrollo de un país lo que están haciendo no tiene nada que ver con el fin por el que fueron creadas. Entonces, influyen en políticas públicas so pretexto de alguna representatividad”, explicó Laub a Perú21.

En la vereda del frente, Susana Chávez, directora general de la ONG Promsex (Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos), cuestiona el predictamen y en el caso del texto referido a las políticas públicas señala que resulta muy ambigua la definición.

“Ahora todo lo que se pueda decir sobre políticas públicas podría ser considerado proselitismo. El problema es que cuando son definiciones tan ambiguas deja a la interpretación y la ley no puede tener ese nivel de ambigüedad. Lo que han hecho es satanizar el concepto de política pública, aquí no hay intereses particulares, sino acciones que buscan una mejora legislativa, una modificación de estas políticas, y en nuestro caso, enfrentar la violencia contra la mujer y otros”, indicó a este diario Chávez, señalando que en este tema el Gobierno ha estado en sospechoso silencio.

“Acordémonos que uno de los temas más duros para el Ejecutivo son las 60 muertes en las protestas, y ese tema lo han estado levantando precisamente las ONG”, explicó.

Según el dictamen estas organizaciones no podrán recibir fondos del extranjero si no se registran en la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) (APCI). Esta entidad ampliará sus capacidades para fiscalizar el trabajo y los recursos de las ONG. La propuesta, además, les prohibiría realizar contrataciones con el Estado. Ese es otro punto en el debate. A Laub le parece totalmente válido el impedimento contra estas organizaciones que se privilegian bajo la fachada de una representatividad.

“Es dable la prohibición. Si quieren contratar con el Estado que sigan un concurso como cualquier otro. ¿Qué gollerías tienen?, ¿cuál es su estatus superior respecto de otros para contratar con el Estado? Finalmente, a una ONG nadie la ha elegido, no representan a nadie más que a su propia organización. Bajo el pretexto de conceptos abstractos y etéreos de que representan a la sociedad civil se arrogan una representatividad que no tienen”, advirtió.

El también columnista de este diario precisó que el Estado está en todo su derecho de no contratar a una ONG y en todo caso exigirle que identifique quién la financia y adónde va ese financiamiento.

Para Chávez, en cambio, la propuesta es atentatoria y pondría en riesgo algunos convenios.

“Impedir que se contrate con el Estado sí que es bien grave. Hay contratos del Estado en nuestro caso, los colegios Fe y Alegría son instituciones que, desde las comunidades, iglesias católicas funcionan como un convenio bilateral. ¿Qué pasaría ahora? No habría este tipo de convenios, pues Fe y Alegría recibe financiamiento internacional”, señala.

Chávez reiteró que la iniciativa busca criminalizar a las ONG y que le impone castigos, no solo anulándole registros, sino imponiéndole multas impagables. “Esto, finalmente, no es un ataque a las ONG, sino a la cooperación internacional”, sentenció. También espera que la comisión que preside Alejandro Aguinaga los convoque para hacer conocer su posición y recomendaciones.