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Comunicado de la CIDH por caso JNJ genera reacciones
Comisión Interamericana de DD.HH. expresó su preocupación por investigación en el Parlamento. Congresistas criticaron la intromisión y otros alertaron que todo estaría listo para destituirlos.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó ayer un comunicado en el que mostró su preocupación por la investigación que se le sigue a siete miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), por presuntos actos irregulares en su actuación, y que podría acabar con sus destituciones.
“La Comisión considera que la eventual remoción del pleno de la JNJ, sin el respeto pleno a las garantías del debido proceso y el principio de legalidad, afectaría sustancialmente las actividades de esta institución y contribuiría al debilitamiento de la independencia judicial en el Perú”, señala una parte del pronunciamiento.
El comunicado generó reacciones a favor y en contra de algunos congresistas. El congresista de Fuerza Popular e integrante de la Comisión de Justicia, Hernando Guerra García, señaló a Perú21 que el Congreso sí puede remover por “causa grave” a los siete integrantes de la JNJ, y añadió que la CIDH tiene que leer nuestra Carta Magna y entender que el artículo 157 otorga al Parlamento esa prerrogativa.
“Como era de esperarse, en su ‘defensa’ solo vemos mentiras y más mentiras, y la difusión de una narrativa falsa e ideologizada que solo busca destruir la imagen internacional del Estado peruano”, señaló, por su parte, la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, quien fue la autora de la denuncia contra los siete magistrados de la JNJ.
La congresista no agrupada Flor Pablo señaló a este medio que todo indica que el informe final recomendaría destituir a los miembros de la JNJ. “La moción (de Patricia Chirinos) ya va con una conclusión. Hay que destituir a todos. Dice que hay faltas graves. ¿Cuál es la falta grave? Que hayan sacado un comunicado (a favor de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos)?”, cuestionó.
La representación peruana ante la OEA informó que respondió a la CIDH que el Estado “actúa conforme a sus obligaciones internacionales derivadas de los tratados de los cuales es parte”.
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