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Al pedido para respetar la meritocracia en la educación se unieron más de 30 organizaciones.

Confiep pide archivar ley de nombramiento automático

Informe del Ejecutivo señala que norma vulnera el “derecho fundamental de acceso a la función pública”.

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mala nota. Maestros ingresarían a la CPM sin rendir pruebas. (Foto: Andina)
mala nota. Maestros ingresarían a la CPM sin rendir pruebas. (Foto: Andina)
Fecha Actualización

La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), junto a otras 33 organizaciones y gremios, emitieron un comunicado ayer, solicitando al Congreso archivar la autógrafa de Ley N.° 1587, que propone  incorporar a la Carrera Pública Magisterial (CPM) a docentes que no hayan rendido la evaluación nacional de maestros.

MIRA: Poder Ejecutivo observa ley de nombramiento automático de docentes

“Saludamos la observación y devolución al Congreso de la República, por parte del Poder Ejecutivo, de la autógrafa de Ley N.° 1587 (...), la cual haría un nuevo daño grave a la CPM”, se lee en el comunicado.

Y es que, el pasado 18 de julio, el Poder Ejecutivo advirtió a través de un informe que la norma vulnera el “derecho fundamental de acceso a la función pública”. Es decir, de aprobarse la iniciativa legislativa, no se garantizaría la meritocracia ni la igualdad de oportunidades frente a otros docentes que sí rindieron la prueba.

El único requisito para acceder a este nombramiento automático es que los profesores cuenten con más de tres años de servicio en Educación Básica Regular.

Esto, según el informe, contraviene la Ley de Reforma Magisterial, la cual establece que el ingreso a la CPM es por concurso público a través de dos evaluaciones: una a cargo del Ministerio de Educación y la otra a cargo de una institución educativa.

TENGA EN CUENTA

-Según la Ley de Reforma Magisterial, si el profesor no aprueba las evaluaciones correspondientes, las plazas vacantes son declaradas desiertas.

-El informe del Ejecutivo advierte que el proyecto de ley generaría un costo anual de S/4’569,406.388, e implicaría solicitar recursos al tesoro público.

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