Congresistas le abren la puerta de las escuelas a docentes jalados

Así, sin sustento técnico, y saltándose a la garrocha a la Comisión de Educación, el Pleno del Congreso aprobó reincorporar a la carrera pública magisterial a más de 14 mil docentes interinos que en el año 2014 fueron cesados de sus cargos, y no por una discrecionalidad del Ministerio de Educación (Minedu), sino porque no aprobaron la evaluación que se les tomó a los docentes nombrados sin título pedagógico o, simplemente, se negaron a someterse a ella.

Fueron 107 legisladores de ocho bancadas los que dieron luz verde a la norma haciendo tabla rasa del factor de calidad que exige el sistema educativo y desconociendo, además, que, en su momento, tanto el Poder Judicial como el Tribunal Constitucional validaron el cese de estos profesores.

Solo la bancada del Partido Morado votó en contra –con las excepciones de Angélica Palomino, Carolina Lizárraga y Zenaida Solís, quienes oportunamente brillaron por su ausencia–. En esa línea se ubicaron también, en solitario, los fujimoristas Carlos Mesía y Diethell Columbus.

Para justificar el desatino, legisladores de distintas tiendas arguyeron durante el debate que la medida reivindicaría los derechos supuestamente vulnerados de los docentes e insistieron en que su retiro de la carrera fue injusta. Lo que no dijeron es que, como advierte el extitular de Educación Daniel Alfaro (ver columna), cuando se les dio la oportunidad a los maestros de ser evaluados, aproximadamente 10 mil se negaron a hacerlo y, de los pocos que sí aceptaron, solo aprobaron 546.

Ya en 2018, la Comisión de Educación del disuelto Congreso había pretendido boicotear la reforma magisterial. Entonces, la presión mediática detuvo el despropósito. El dictamen quedó en el limbo, pero hace algunas semanas, desde Alianza para el Progreso (APP) y Acción Popular (AP), empezaron a moverse las fichas para retomar la discusión. ¿Por qué tan diligentes? Fuentes de Perú21 identificaron a Ricardo Burga (AP) y Omar Chehade y Fernando Meléndez de APP como los más entusiastas promotores. Los dos primeros enviaron un oficio al titular del Legislativo, Manuel Merino, en que corren traslado del pedido de un supuesto Frente Nacional de Profesores Titulados Despedidos por la Ley de Reforma Magisterial para que se vea el tema en el Pleno. También lo hizo María Céspedes del Frepap. Meléndez, en tanto, presentó en setiembre otro proyecto en esa misma línea. Lo propio hicieron los acciopopulistas Luis Simeón y Leonardo Inga.

Finalmente, empero, los congresistas optaron por desempolvar el antiguo dictamen aprobado bajo las riendas de la fujimorista Milagros Salazar, en 2018, y, con acuerdo de la Junta de Portavoces, lograron incluirlo en la agenda el 8 de setiembre.

El último jueves, cuando el vocero del Partido Morado, Francisco Sagasti, planteó que el dictamen retorne al actual grupo de Educación, el rechazo fue casi unánime. El titular de la comisión, Luis Dioses, tampoco dijo nada. Ayer, cuando Perú21 le preguntó por qué no reclamó su derecho a revaluar el tema, respondió que nadie en el grupo se lo había pedido. Agregó que a él nadie lo había sorprendido, que había leído el proyecto, pero no supo contestar por qué no tomó en cuenta que el mismo tenía opiniones contrarias de los ministerios de Economía y Educación, de la Presidencia del Consejo de Ministros y de Servir. Tampoco informó que –al igual que Chehade, Burga y Céspedes– él también actuó como mediador del gremio magisterial que agrupa a los docentes interinos que quedaron fuera del magisterio y que está ligado al Sutep dirigido por Patria Roja.

La pregunta es ¿qué ganan las bancadas que apoyaron la iniciativa? El primer ministro, Walter Martos, dijo ayer, sin medias tintas, que algunos congresistas estarían dando normas pensando no en el bien común, sino con miras a las próximas elecciones. “Sería un gran retroceso en la carrera pública magisterial”, añadió. Todo indica, empero, que hay algo más detrás de todo esto.