Congreso inhabilita por 10 años a Vizcarra y suspende a Alarcón

En el caso del expresidente,  su suerte parecía estar echada con antelación. Ya en la víspera varias bancadas habían anticipado a Perú21 que respaldarían su inhabilitación. Quizás por eso intentó dilatar nuevamente la revisión de su caso. Finalmente, su pedido no prosperó, y luego de un extenso debate, el Parlamento –por unanimidad (86 votos)– lo inhabilitó para el ejercicio de la función pública por 10 años, por haberse aprovechado del cargo para vacunarse contra el COVID-19 a espaldas de la población. Con esta decisión, el Pleno le cerró también las puertas del próximo Parlamento. Pese a haber obtenido la más alta votación en los últimos comicios, no podrá asumir una curul por Somos Perú.

A través de las redes sociales, Vizcarra respondió: “Al mismo estilo de las dictaduras, este Congreso, que ha perdido toda legitimidad, pretende eliminar a sus enemigos políticos a través de unos cuantos votos. Esto no ha terminado, nos defenderemos en todas las instancias hasta revertir esta ilegal e inconstitucional decisión”, escribió.

Además del expresidente, el Congreso inhabilitó a la exministra de Salud Pilar Mazzetti y a la excanciller Elizabeth Astete. A la primera por un periodo de 8 años, con 83 votos; a la segunda por un año con el aval de 82 legisladores.

La jornada congresal se inició temprano con la sustentación del informe sobre el caso Vacunagate. Ni el exmandatario ni su defensa legal participaron en la sesión.

El legislador Jim Alí Mamani fue el encargado de sustentar el informe. Sostuvo que el exmandatario no solo infringió la Constitución, sino que le mintió al país al asegurar que fue voluntario en el proceso de vacunación y que desconocía que se trataba de una vacuna de emergencia. De ser así, anotó Mamani, no habría solicitado la inmunización para su esposa y su hermano.

Defendió la validez del juicio político contra el exjefe de Estado explicando que lo que se busca con la inhabilitación es evitar que quien ha hecho mal uso de su poder sea reinvestido con él. “Es un juicio político. No se busca afectar a nadie, sino proteger al Estado de personas que son un peligro para el sistema constitucional y , por lo tanto, para los ciudadanos”, acotó.

Estos argumentos fueron respaldados en el curso del debate por parlamentarios de distintas tiendas, quienes cuestionaron que Vizcarra haya privilegiado sus intereses personales por encima de los de la nación en un escenario de pandemia que ha cobrado la vida de miles de peruanos.

No solo Vizcarra fue sancionado ayer. El Pleno dio también luz verde a la denuncia contra el antaurista Edgar Alarcón y lo dejó expedito para ser investigado y procesado por el presunto delito de enriquecimiento ilícito agravado en perjuicio del Estado durante su gestión como contralor general entre junio de 2016 y julio de 2017.

Sesenta y dos congresistas avalaron la medida, pero 13 se abstuvieron; entre ellos el propio Alarcón y el extitular del Legislativo, Manuel Merino. Además, por 60 votos, fue suspendido en el ejercicio de sus funciones “por el tiempo que dure el proceso”, por lo que es un hecho que el otrora titular de Fiscalización no volverá a pisar el Palacio Legislativo.

Alarcón llegó al hemiciclo acompañado de su abogada, la excongresista fujimorista Rosa Bartra. Por tercera vez intentó postergar el debate sobre su caso invocando una supuesta vulneración del derecho a la defensa. Esta vez, sin embargo, nadie lo respaldó.