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Congreso: Solicitan que sesiones del Pleno se realicen de manera virtual o mixta debido al COVID-19

El congresista Edward Málaga (Somos Perú-Partido Morado) solicitó a la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva (Acción Popular), que las sesiones del Pleno se realicen de manera virtual o mixta debido al COVID-19.

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El congresista Edward Málaga (Somos Perú-Partido Morado) solicitó a la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva (Acción Popular), que las sesiones del Pleno se realicen de manera virtual o mixta debido al COVID-19.
A través de un oficio remitido a la presidencia de la Mesa Directiva, indicó que su petitorio se sustenta “en la necesidad de adoptar las máximas medidas de prevención” en el marco de la pandemia, más aún ante una inminente “tercera ola”.
Al respecto, la Defensoría del Pueblo pidió a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y al Congreso de la República cumplir las normas sanitarias para prevenir el contagio de COVID-19 en las entidades públicas.
En un oficio enviado al jefe del Gabinete Ministerial, Guido Bellido, recordó que las autoridades y funcionarias/os públicas/os deben usar mascarillas, mantener el distanciamiento físico y garantizar la ventilación de lugares donde cumplen sus funciones.
“En dicho marco, debemos expresar nuestra preocupación respecto a las reuniones que vienen sosteniendo distintos funcionarios públicos que no están cumpliendo con estas disposiciones; lo cual, además de poner en riesgo de contagio por el COVID-19 a todas/os las/los asistentes, implica una inobservancia de las disposiciones que todas las personas debe cumplir, especialmente, los funcionarios y servidores públicos”, acotó.
Cabe indicar que este jueves el Pleno aprobó en forma unánime (113 votos) la conformación de una comisión que investigue las presuntas irregularidades y posibles actos de corrupción en la contratación y adquisición de bienes y servicios realizadas por el Seguro Social del Perú (EsSalud), el Ministerio de Salud, los gobiernos regionales y locales en el período de emergencia sanitaria nacional por la COVID-19.
El grupo contará con un plazo de 180 días hábiles para la identificación de irregularidades y responsabilidades administrativas, civiles y/o penales derivados de las contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios y medicamentos desde marzo del 2020 hasta la actualidad.
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