No es un fenómeno aislado. Sucede en Cusco con la entrada a Machu Picchu, en Puno con la inseguridad ciudadana y en el norte con la minería ilegal. Pero también ocurre acá nomás, en Lima, con la venta de terrenos, con los locales municipales y con los servicios públicos. Sucede en Essalud con las camas, en el Estado con los cargos públicos y en las bodegas con los stickers. Se puede ver en las calles con la delincuencia, pero también con la propia policía. Pasa con las licitaciones y con las ventas, con la publicidad y la distribución y hasta con el espacio en medios. Ocurre en los ministerios y en los programas sociales. Y también sucede en el Congreso, por supuesto. ¿Qué es el ‘mochasueldo’ sino un cobrador de cupos?
Vivimos una cupocracia, lo cual no es una novedad. Siempre ha habido coimas, porcentajes, ‘cariños’ y ‘alitas’, como diría un exministro de Defensa. La noticia es que, de un tiempo a esta parte, el cobro de cupos se ha desbordado, sobre todo desde la pandemia y el posterior Gobierno de Pedro Castillo. La lógica es económica: a mayor crisis económica, más apetitosas resultan las arcas públicas. Después de todo, el Estado nunca quiebra.
Y, si el problema es económico, la solución también es finalmente económica. El desmedido cobro de cupos ha hecho insostenible el negocio de los choferes, y eso explica el paro de transportistas. Paralelamente, el costo de oportunidad del delincuente es demasiado bajo en tiempos de Boluarte, gracias al ineficiente trabajo del ministro del Interior.
Finalmente, el inexistente transporte público masivo y la informalidad del transporte local también son factores económicos que influyen en el resultado final. Si no fuese rentable, simplemente no existiría.
VIDEO RECOMENDADO
