Defensoría del Pueblo: Las respuestas técnicas sobre Tía María son necesarias pero insuficientes

La Defensoría del Pueblo emitió un comunicado sobre el conflicto social en torno al proyecto minero Tía María que se registra en el Valle de Tambo desde hace 112 días y por la resolución emitida por el Consejo de Minería que confirma la resolución que autoriza la construcción a la minera Southern Copper.

“La Defensoría del Pueblo considera que las respuestas técnicas a los problemas son necesarias pero insuficientes”, asevera el comunicado de la entidad representada por Walter Gutiérrez. “La manifiesta distancia entre los actores en conflicto, hace indispensable construir la voluntad de diálogo con una visión que alcance a un conjunto de temas sensibles en la zona como la provisión de agua para la agricultura y el consumo humano, el desarrollo del agro para mejorar su rendimiento, el incremento de la calidad de la educación básica regular y la generación de opciones técnicas y profesionales para los jóvenes de Islay, entre otros temas”, señala el documento.

“Todo esfuerzo en favor del tratamiento de los problemas vinculados al proyecto Tía María, debe hacerse con la diligencia que la situación amerita, en condiciones básicas de seguridad, y dotando al diálogo de un contenido real y específico que refleje las preocupaciones ambientales y sociales de los ciudadanos y ciudadanas del valle de Tambo”, indica la Defensoría.

La institución también señala que es necesario recordar que los altos niveles de desconfianza de la población en el Estado y la empresa, solo podrán ser aminorados con actos que produzcan cambios positivos y visibles en la vida de las personas del valle. "Si bien la resolución emitida por el Consejo de Minería puede ser recurrida ante el Poder Judicial, en ningún caso es aceptable mantener en la zona una situación de riesgo para la seguridad de todos, sin una respuesta política frente al problema”, expresa.

Ante ello, la Defensoría del Pueblo “exhorta a los ciudadanos de Islay y Arequipa a no contaminar su protesta con actos de violencia que afecten derechos de otras personas. Del mismo modo le recuerda a la Policía Nacional que cualquier intervención debe hacerse en el marco del respeto y protección de los derechos fundamentales y las reglas que regulan el uso de la fuerza”.

El documento finaliza reiterando su objetivo de continuar sus esfuerzos de promoción del diálogo y defensa de los derechos de las personas en el marco de sus competencias constitucionales y legales.