Dina Boluarte y Alejandro Soto envían queja a la Corte-IDH por interferir en ley de lesa humanidad

“El Perú es un país democrático que tiene sus propios mecanismos internos para controlar las leyes que se aprueben, sea a través del control difuso ejercido por el Poder Judicial o del control concentrado ejercido por el Tribunal Constitucional. Por esta razón, deploramos profudamente que la Corte-IDH, en la referida resolución, implique que el Perú no es un estado constitucional de derecho y que carece de los mecanismos propios de una república democrática a la que operan el balance y control de los poderes públicos”, señala una parte del comunicado.

“Pretendería más bien —añade el texto— en constituirse al interior de nuestro Estado en un suprapoder con capacidad de dirigir y ordenar la manera en que sus órganos legítimos deben operar”.

En otro párrafo, ambas autoridades, las más importantes del país, rechazan la interferencia de la Corte-IDH.

“Rechazamos de forma categórica los términos contenidos en la resolución de 1° de julio de 2024, puesto que lo concedido como medida provisional supone el desconocimiento de la soberanía estatal y el pri ncipio de separación de poderes, en tanto que en la práctica requiere que los Poderes del Estado renuncien al ejercicio de sus competencias constitucionales y abdiquen en sus funciones a favor de una instancia supranacional que ya no interviene subsidiariamente, sino que, en total contrasentido, dispone más bien asumir el pleno control de las tareas estatales al determinar cuáles no se pueden ejercer”, señala el documento.

El 4 de julio, se recuerda, en segunda votación, la Comisión Permanente aprobó la ley que precisa los delitos calificados de lesa humanidad. Tal como había anunciado Perú21, la luz verde estaba asegurada.

El premier Gustavo Adrianzén expresó, un día antes, su indignación por la exigencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) de suspender la votación programada para esa fecha.

En otro momento, rechazaron que se use el término “conflicto armado” al referirse a la época del terrorismo.

“Los crímenes cometidos por las organizaciones terroristas violaron, sin medida alguna, los derechos humanos de todos los peruanos”, indica la misiva.

Al ser consultada por la prensa por esta carta, dijo que la autógrafa de ley, aprobada en el Parlamento, aún no había llegado a su despacho para que la promulgue o la observe. No dijo nada más.