Dina, rehén eterna

Hay un antes y un después de noviembre de 2023.

Durante la primera mitad de 2023, la guerra civil entre Nicanor Boluarte y Alberto Otárola escalaba a niveles sin precedentes. Y es que, si bien la relación entre ambos siempre fue cordial desde que se conocieron trabajando en el gobierno de Ollanta Humala, la guerra fría se manifestaba a través de reportajes y denuncias sobre personajes relacionados con ambos. Notoriamente, las acusaciones sobre Nicanor y su entorno salían en Cuarto poder y Canal N. Mientras tanto, los misiles sobre Otárola y sus amigos (y en especial sus amigas) aparecían en Panorama y, más recientemente, en Contracorriente.

En junio, la filtración de chats entre el primer ministro y el exministro de Trabajo prometía escalar hasta implicar a más personajes, lo que desencadenaría el tantas veces anunciado cambio de gabinete. Pero ello no solo nunca ocurrió, sino que pasó todo lo contrario. En julio, Otárola consolidó una alianza con la Mesa Directiva del Congreso, manejada por APP (Alianza para el Progreso) y FP (Fuerza Popular), especialmente a través de su excamarada del PSR. Y, aunque el choque de Otárola con Nelson Shack en agosto, los cambios de ministros de septiembre y la intervención de la Fiscalía a las oficinas de la PCM evidenciaban que aún existían cuotas de Nicanor en el gabinete, todo cambiaría hacia el final del año.

Noviembre fue el mes clave. Cuarto poder comparó explícitamente la casa de Nicanor Boluarte con Sarratea. Y, a partir de entonces, varios reportajes en medios de izquierda y derecha han abordado el copamiento del sector Interior, el crecimiento de su partido político y su cercanía con prefectos y subprefectos. Por otro lado, y en el mismo mes, la Operación Valkiria V desactivó el pedido de detención preliminar para el primer ministro por parte de la hoy exfiscal de la Nación. Contrafácticamente hablando, si Benavides se hubiera anticipado a sus exaliados, habría desencadenado un pedido de vacancia presidencial desde el Congreso y la alianza con el fujimorismo no se habría materializado en la liberación de Alberto Fujimori.

O al menos eso es lo que el premier le contó a la presidenta. Y la extemporánea denuncia constitucional de Benavides solo ha servido para ratificar esta teoría. Desde entonces, la presidenta ha perdido terreno frente a su primer ministro. Para diciembre, el influyente Rivin Yangali —exasesor del Midis de Dina y excolega de Nicanor en la Municipalidad de Pueblo Libre— tuvo que alinearse con Otárola en la PCM. Y el hasta entonces jefe de Gabinete Técnico de la presidenta, Morgan Quero —también exasesor de Dina en el MIDIS—, fue alejado del entorno.

Sirvió poco que Walter Gutiérrez haya tenido dos reuniones con la presidenta durante los últimos días de diciembre de 2023. Pasó lo mismo que cuando se reunió con la presidenta en la quincena de octubre, cuando Gutiérrez estuvo a punto de protagonizar un enroque con el actual premier. Nada. Tampoco prosperó el globo de ensayo de promover a Javier González-Olaechea vía Wilax, canciller que ha tenido más de un roce dentro del gabinete. Y, justo cuando se vuelve a vocear por enésima vez a la ministra Hania Pérez de Cuéllar para el premierato, una denuncia de Punto final la ha golpeado en la línea de flotación.

Tampoco se dieron los anunciados cambios de ministros de diciembre. Ni Cultura, ni el Minem, ni Salud, ni Economía. Salud hoy parece inamovible, gracias al renovado pacto entre el gobierno y César Acuña, alianza que posibilitó frustrar la destitución de los miembros de la JNJ en diciembre de 2023, con ayuda del fujimorismo. Economía permanece en manos de Álex Contreras, a pesar de que la propia presidenta mantuvo reuniones con dos reconocidos exministros de Economía en Palacio.

“Dina Boluarte es rehén de Otárola”, dice un excolaborador de su entorno. “Y el problema es que él la aísla del resto”. Algunas voces sugieren que la presidenta está incómoda por el protagonismo que está tomando su primer ministro. A ella, dicen, le interesa dejar un sello personal. Mostrar que se puede gobernar desde una izquierda democrática, femenina y provinciana. Ser recordada como la primera presidenta del Perú. A veces llama a su entorno más cercano, pidiendo consejo y expresando quejas. Por otro lado, una especie de síndrome de Estocolmo parece mantenerla en vilo, aferrada a su premier. Un atento observador ha señalado cambios en su forma de vestir. Y en sus accesorios.

El estar juntos y comprendidos en la denuncia constitucional de la fiscal de la Nación selló firmemente esa unión entre presidenta y premier. Una alianza que parece solo entender de fugas hacia adelante. Como dice una voz disidente, quizás incluso se sienta cómoda delegando, apelando a la historia contemporánea peruana, que solía ser generosa de primeros ministros fuertes como Ulloa o PPK. Después de todo, constitucionalmente el presidente de la República es irresponsable de sus actos. El responsable es el primer ministro.

Superadas las distintas ‘Tomas de Lima’, se le sugirió a la presidenta cambiar el gabinete de guerra y abrir la cancha. Convocar a gente de ambos lados del espectro y armar un gabinete de ancha base. Esa fue la propuesta, por ejemplo, del actual embajador del Perú en España, Walter Gutiérrez, como lo comentó en más de una entrevista. Pero es también la salida, según otros asesores cercanos. Un gabinete de consenso ayudaría, teóricamente, a compartir la responsabilidad política y diluir las tintas cargadas. Y también a diluir la impopularidad. Para diciembre de 2023, la desaprobación de la gestión de Boluarte llegaba al 84%, según Ipsos.

Ese es el problema de no compartir el poder: que también implica compartir la responsabilidad y la culpa.

La condenable agresión que ha sufrido la presidenta en Ayacucho solo evidencia que las encuestas no mienten, como dice un expremier. El ataque a Boluarte es un ataque a la figura presidencial, por más disminuida que esta esté. Y por más poder que ella delegue a su primer ministro.

Y, aunque es saludable que la presidenta se haya atrevido a viajar al sur del país para no regalarles a los radicalismos el voto de los peruanos de Puno, Arequipa o Ayacucho, hace falta un plan político serio para trabajar esas áreas.

Viajar al sur es lo políticamente responsable. Sobre todo si se quiere durar hasta 2026. Pero hay que trabajar en las regiones.

En ese sentido, el jalón de cabello es también un jalón de orejas.