No tienen un historial político amplio, percibían salarios mínimos en su pasado laboral y registran poca experiencia en cargos públicos. Pueden pertenecer indistintamente a cualquier partido, sea de derecha o de izquierda. Esas son las características que tienen en común los parlamentarios que hasta la fecha han sido denunciados por sus trabajadores de recortarles sus remuneraciones.
Mochar el sueldo de un trabajador, además de ser un común denominador, va mucho más allá de ser una mala práctica y se ha vuelto popular entre congresistas. Los famosos ‘mochasueldos’ se han convertido en una enfermedad parlamentaria que se viene contagiando desde 1995.
Ese año, el congresista Manuel Lajo fue señalado como el primer legislador que recortaba el sueldo de un trabajador en la historia del Congreso. Era el periodo legislativo de 1995 a 2000 y al hecho se le calificó en ese entonces como “subdividir haberes del personal de confianza” que cada uno de los parlamentarios tenía.
Las evidencias mostraron que Lazo le quitaba S/200 a su personal de manera mensual. El congresista señaló que estaba permitido por un acuerdo de la Mesa Directiva del Congreso que fue aprobado el 30 de julio de 1995. Él hacía referencia al acuerdo 010.
En 1998 empezó la investigación penal en su contra y, para 2003, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema lo declaró inocente. Lajo aseguró que fue una campaña contra su imagen pública de académico y consultor internacional.
Otro caso similar, y quizás el más emblemático, fue el de Michael Urtecho, quien, además de hacerse conocido por sus logros pese a la discapacidad, fue el primer sentenciado a prisión efectiva por reducir la mensualidad de siete de sus trabajadores. La condena fue de 22 años de cárcel. Dos casos que llamaron la atención fueron el de una pareja de esposos que ganaba muchísimo menos de lo que sus sueldos correspondían. Por si eso fuera poco, ambos hacían tareas totalmente diferentes a lo que indicaban sus contratos.
El extrabajador de Urtecho, Jorge Luis Huiman, debía cobrar S/1,100 como coordinador del despacho del congresista, pero recibía S/200 por ayudarlo en su casa. Su esposa, Elvia Azucena Urbina, que en papeles era su asesora, debía ganar S/4,000, pero era la que limpiaba la casa y cocinaba para el parlamentario por una mensualidad de S/400.
Este caso no dista mucho de los actuales ‘mochasueldos’. Hoy engrosan la lista de la vergüenza María Agüero (Perú Libre), Edgar Tello (Bloque Magisterial), Katy Ugarte (Unidad y Diálogo), Heidy Juárez (Podemos) y la suspendida María Cordero Jon Tay (antes Fuerza Popular), entre otros.
Que parlamentarios de este perfil se hayan mantenido en el tiempo solo hace que uno se pregunte qué los lleva a arriesgarse a ser condenados a prisión. ¿Hay un patrón para identificar a legisladores con estas malas prácticas?
Según el psicólogo social Jorge Yamamoto, una primera característica que comparten este tipo de parlamentarios es “que no reclutan a los mejores profesionales” para laborar en sus despachos.
“Estos congresistas buscan a aquellas personas que tengan tan poca competencia que aceptan el recorte de sueldo”, explicó a Perú21. Es decir, los trabajadores consientan la mutilación salarial porque en otro lado no conseguirían ingresos similares.
Yamamoto indicó que las denuncias públicas de trabajadores, que inicialmente acordaron el recorte, vienen como represalia a los maltratos a los que fueron sometidos.
“El Parlamento no congrega a las personas más idóneas moral y técnicamente, sino, más bien, lo contrario, al grado de que son extorsionadores de salario de sus colaboradores”, aseguró el especialista.
Pero si los ‘mochasueldos’ son condenables, los partidos políticos que los llevaron no merecen menor sanción social, pues, sin mediar filtro alguno, postulan candidatos sin trayectoria, sin integridad moral y sumisos al líder de la agrupación y una vez en el poder solo quieren recuperar a como dé lugar la inversión que hicieron en campaña o montar esquemas para beneficiarse ilegalmente.
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