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Empresaria Sada Goray fue excarcelada hoy tras revocarse prisión preventiva

Seguirá siendo investigada por haber pagado más de S/4 millones a exfuncionario castillista Salatiel Marrufo a cambio de que sus proyectos en el Fondo MiVivienda fueran aprobados.

Imagen
Sada Goray
Fecha Actualización

Luego de que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema revocara el mandato de prisión preventiva por 30 meses en su contra, la empresaria Sada Goray abandonó hoy el Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos.

Garay abandonó el penal a las 9 de la mañana luego de cumplirse los trámites administrativos ante el Instituto Nacional Penitenciario (INPE). A su salida agradeció el apoyo de su familia y de sus abogados.

"Gracias a Dios porque en este país por fin se ha hecho justicia, Dios por sobre todas las cosas. Quiero darle las gracias a mi familia porque son las únicas personas que han estado conmigo; en lo que me quede de vida seguiré luchando por los peruanos sin voz", manifestó.

El martes último, se recuerda, la Corte Suprema dispuso su libertad al declarar fundado el recurso de casación que presentó su abogado y considerar que la empresaria cuenta con un domicilio en nuestro país.

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Ella tiene ahora mandato de comparecencia con restricciones en el marco de la investigación preparatoria en su contra por el pago de más de 4 millones de soles a quien fuera jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento Salatiel Marrufo. Todo ello con el fin de que su empresa Marka Group obtuviera contratos del Fondo MiVivienda durante el gobierno del golpista Pedro Castillo.

Garay fue detenida en julio del año pasado en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez a su llegada de Estados Unidos. En esa ocasión también fue capturado el periodista Mauricio Fernandini en el distrito de Surco.

Él salió en libertad en mayo pasado luego de que el Poder Judicial revocara el mandato de detención en su contra y le impusiera comparecencia con restricciones, el pago de una caución de S/ 30,000 además de pasar por un control biométrico e informar de sus actividades al juzgado cada 15 días.

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