[ENTREVISTA] Romy Chang sobre reloj de Boluarte: “Hablamos de un desbalance patrimonial”

Un peruano promedio que percibe el sueldo mínimo de S/1,025 mensuales, necesitaría ahorrar la totalidad de su remuneración bruta por larguísimos 56 meses (más de 4 años y medio) para poder comprarse el reloj más fastuoso de la colección de la presidenta de la República, Dina Boluarte.

El Rolex DateJust que posee puede llegar a costar hasta US$15,500 según David Sun, representante de Perú Watches consultado por Canal N, lo que, al cambio en soles, supone S/57,226, casi el cuádruple de su pago mensual como máxima autoridad del Perú, que es de S/15 mil al mes. Lo peor de todo es que, tras relevarse el oneroso accesorio de Boluarte en el portal web La Encerrona, Perú21 cotejó que en ninguna de las declaraciones juradas que presentó cuando postuló a cargos de elección popular desde el 2018 consignó su reloj.

La abogada penalista Romy Chang indica que la mandataria debería ser investigada por la presunta comisión de dos delitos. En esta entrevista, explica cuáles son.

Claro que se debe declarar no solo joyas valiosas y relojes valiosos, sino hasta libros de gran valor. ¿Y eso por qué? Porque la lógica de funcionario público es guardar la transparencia, es decir que todo el Perú pueda saber con cuánto dinero ingresa y sale para ver que no exista un enriquecimiento ilícito. Y aquí la presidenta no habría cumplido con eso.

Si mal no recuerdo, se exige declarar a partir de 2 UIT,. De acuerdo a las noticias, estaríamos hablando de una joya que tiene el valor de un carro. Aquí no hay ninguna duda. No hay que olvidar que la presidenta tuvo una investigación por el cargo que tuvo en Reniec, y ahí la Contraloría ya había hecho un informe sobre lo que declaró cuando ingresó. Es decir, ya tenía la advertencia y debió ser muy cuidadosa.

Si quiere argumentar que fue un descuido, tiene que evidenciar que lo poseía con anterioridad. Felizmente ahora tenemos muchos medios, porque es común que las personas nos tomemos fotos con los celulares. El otro escenario es que, si se evidencia que hay un enriquecimiento patrimonial, estaríamos frente a la comisión de dos delitos que deben ser investigados.

El primero es el de falsa declaración en procedimiento administrativo que sanciona a todo funcionario que no dice la verdad en los documentos como declaración jurada. La sanción puede llegar hasta los 4 años. A eso le podríamos sumar un delito de enriquecimiento ilícito, cuando un funcionario público abusa de su cargo para incrementar su patrimonio. En el caso de la presidenta, me pregunto ¿cómo compró un reloj de 15 mil dólares? Eso es su sueldo de tres meses. Yo creo que hablamos de un desbalance patrimonial. Como se dice, ni la tos ni el dinero se pueden esconder.

La Fiscalía de la Nación sería la llamada a investigarla y no se requiere la presentación de una denuncia. La Fiscalía está obligada a investigar porque hay la presunción de un delito. Si luego requiere una pesquisa más profunda, tendría que presentar una denuncia constitucional al Congreso para levantarle la inmunidad.