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Fiscal explicó rol de Jaime Yoshiyama en aportes para Fuerza 2011

Recordó que Jorge Barata declaró, en marzo, que entregó dinero al partido a través del fujimorista.

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Fecha Actualización
En la quinta audiencia por el pedido de 36 meses de prisión preventiva para Keiko Fujimori y diez personas más, el fiscal José Domingo Pérez explicó el rol del ex ministro Jaime Yoshiyama en los presuntos aportes falsos que recibió Fuerza 2011, hoy Fuerza Popular (FP), para su campaña presidencial.
Pérez señaló que Yoshiyama, quien hasta hoy se encuentra en Estados Unidos, “participó” en el aporte de US$477,073.64 que hizo Office USA SAC al fujimorismo.
El fiscal llegó a esta conclusión gracias al testimonio de Patrizia Coppero, ex gerenta ejecutiva de dicha empresa, quien declaró el 18 de octubre ante la Fiscalía que Jorge Yoshiyama (sobrino de Jaime) se reunió en varias ocasiones con su ex esposo Giancarlo Bertini.
“Nos decía que le acababa de llamar su tío Jaime Yoshiyama para preguntarle cómo iban los depósitos de dinero, las encuestas, temas de dinero”, dijo Coppero a la Fiscalía.
De otro lado, Pérez indicó que el movimiento migratorio de Yoshiyama muestra diversos viajes al extranjero y que esto, aseguró, demuestra que evadiría la justicia. Recordó que durante el allanamiento a la casa del ex ministro, realizado en marzo, se trató de ocultar un CPU en el auto de su esposa y que ello sería un “peligro de obstaculización”.
Además, Pérez hizo hincapié en la declaración de Jorge Barata a fiscales peruanos en marzo de este año.
El brasileño sostuvo que la constructora aportó US$1’200,000 a Fuerza 2011 y que el dinero lo hizo llegar a través de Yoshiyama y Augusto Bedoya, en dos partes; y 200 mil a través de la Confiep.
Pérez dio cuenta de que en el levantamiento de las comunicaciones de Yoshiyama se encontró que este conversó en dos ocasiones con Barata (2010 y 2012); e indicó que los aportes del partido coinciden con la modalidad de lavado de activos conocida como ‘pitufeo’.
Humberto Abanto, abogado de Yoshiyama, señaló que no basta lo dicho por una persona para “privar a alguien de su libertad”. Agregó que hay incongruencias entre las fechas de los supuestos aportes de Odebrecht y la autorización de estos.