Perú21 entrevistó al embajador (r) Harold Forsyth Mejía para que explique su denuncia —junto a 16 personas más— contra Dina Boluarte y otras autoridades, presentada ante la Corte Penal Internacional por la muerte de 49 personas durante las protestas de 2023.
¿Por qué deciden denunciar al Perú ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI)?
La razón es muy simple, es una preocupación del mundo entero: de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de los Estados Unidos, de Canadá, de la Unión Europea, de la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra, de Human Rights Watch, de Amnistía Internacional. En el país, lamentablemente, no se comenta como debiera el informe de los Estados Unidos, por ejemplo, sobre los derechos humanos en el Perú. Esto tiene relación con los hechos ocurridos en diciembre de 2022 y enero 2023, y por más de una buena intención de algunos integrantes de la Fiscalía de la Nación hasta ahora no vemos ningún resultado. Y no es posible que el tema no esté debidamente encausado judicialmente como debiera.
En el documento del Departamento de Estado de EE.UU. también se habla de la corrupción en el Gobierno de Pedro Castillo y del peligro para la democracia que significaba su Gobierno, que también tuvo cinco muertos en su haber cuando se reprimió el paro agrario en abril de 2022, y eso no está en la denuncia.
Podría abarcar muchas cosas. En el documento que se ha presentado —que tiene carácter reservado— hay muchos elementos, pero las denuncias de tipo penal tienen un contenido concreto, tienen relación directa con derechos humanos y se ha actuado en ese sentido. Hay una historia de violaciones de los derechos humanos en el Perú, tampoco es que en esta información que se ha enviado a la Fiscalía de la CPI se podría abarcar todo.
En la declaración tampoco se dice que hubo grupos radicalizados que azuzaron las protestas.
Podría ser todo eso muy interesante, pero los organismos internacionales no están para eso y las cortes internacionales tampoco. Son los Estados los que forman parte y son, naturalmente, pasibles de cualquier investigación.
Le comento esto porque del otro lado hubo una señora (Rocío Leandro Melgar, alias camarada ‘Cusi’), que hoy cumple prisión preventiva precisamente por azuzar a los jóvenes que protestaban en Ayacucho para ir de frente contra las personas encargadas de resguardar el orden público. Y eso tampoco está en su denuncia penal.
Hay muchas cosas en ese contenido y lo único que usted tiene a la vista es una declaración pública sobre lo que se ha procedido a hacer. Veremos cómo la Fiscalía de la Corte Penal Internacional decide procesar estos hechos más adelante. Esta Fiscalía tiene una carga procesal bien complicada, entonces hay cosas que inclusive pueden tener una importancia mucho mayor. La Fiscalía de la CPI también está investigando al Gobierno venezolano de Nicolás Maduro; el Gobierno de Sudáfrica ha presentado una denuncia al Gobierno israelí. Entonces, tampoco es que esperamos una respuesta rápida.
También, en Puno, un grupo apedreó y quemó a un policía junto a su patrullero. En ese caso no hemos visto que juristas o intelectuales pidan una investigación seria.
Ese tipo de temas no tienen que ver, son temas gravísimos y existe una legislación nacional muy estricta. Este tipo de hechos no son denunciables en el derecho internacional. Pero el concepto “derechos humanos” se limita exclusivamente a violaciones de derechos humanos cometidas por los Estados. El Estado es responsable de sus propias fuerzas regulares y de las decisiones políticas que el Estado toma.
Entonces, basándome en su explicación, ¿también se podría denunciar a Pedro Castillo por las cinco muertes durante el paro agrario?
Podría caber, sí. No tengo mayor información sobre ese tema desgraciado.
Los casos estuvieron en todos los medios. Las familias reclamaban justicia.
Seguramente. Habría que ver, entonces, si la Fiscalía que lo investigaba a Pedro Castillo implicará este hecho. Las acciones internacionales se dan cuando se agota la legislación nacional, eso en primer lugar. En segundo lugar, si se estima que la legislación nacional no está funcionando, en ese momento entonces actúan las cortes internacionales; para eso existen.
Pero la Fiscalía peruana sí está trabajando.
En el caso de Castillo, está preso, está detenido y cabe suponer que la Fiscalía va a incluir los temas que usted señala.
Incluso hay una denuncia constitucional por homicidio hecha por el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena. La Fiscalía sí está trabajando, entonces no es que las autoridades peruanas no estén actuando. Se deja muy mal parada a la Fiscalía de la Nación en el exterior.
No, en ningún momento se niega. En la acusación se señala claramente el interés de avanzar en ese sentido, inclusive de la Fiscalía de la Nación, pero el tema no es suficiente. Ha pasado mucho tiempo y no hay nadie encausado. Si deja bien o deja mal a las autoridades peruanas, es problemas de las autoridades peruanas.
Vamos a esperar cuál es el desenlace de la denuncia presentada…
Adrianzén dijo en una reunión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que las personas que declaraban allí son las culpables de los mismos hechos.
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Pero esa es una declaración política.
Personalmente, nunca en mi vida he visto una cosa así.
¿Qué esperaba? El premier debe defender a su presidenta. Usted fue embajador de Pedro Castillo y sabe que todos los ministros van a defender a su gobernante.
Eso no viene al caso. Una cosa es defender a su Gobierno y otra entrar en una discusión con la gente que está denunciando allá.
Bueno, Pedro Castillo y toda la gente ajena al orden democrático que también se movilizaron serían responsables de los hechos de diciembre y enero.
Eso lo determinará la acusación. En el caso de él hay un detenido, que es él. Hay una acción concreta y una acusación.
¿Usted quiere ver presa a Dina Boluarte?
No me corresponde hacer ese tipo de comentarios. No soy juez, no soy fiscal. Solo soy un ciudadano preocupado por los derechos humanos.
