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Fiscal halló evidencias sobre favorecimientos por Gasoducto del Sur
En su acusación, Reinaldo Abia argumenta que el ex funcionario de Proinversión Edgar Ramírez y la ex representante legal de Odebrecht, Claudia Hokama, se “coludieron” para beneficiar a firma brasileña con concesión de la obra.
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Para el Ministerio Público, las cosas están claras: el ex presidente del comité de Proinversión, Edgar Ramírez Cadenillas, y la ex representante legal de Odebrecht, Claudia Hokama Kuwae, se coludieron para favorecer, durante el gobierno de Ollanta Humala, a la empresa brasileña con la licitación del Gasoducto del Sur.
Así es como el fiscal Reinaldo Abia sustentó su acusación, a la que accedió Perú21, contra el ingeniero de hidrocarburos y la abogada. La misma fue presentada ante el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima el pasado 18 de agosto.
A Ramírez se le atribuyen los delitos de colusión agravada y negociación incompatible como autor, mientras que a Hokama le imputan colusión agravada como cómplice primario.
De acuerdo con Abia, el ex funcionario de Proinversión “faltó al principio de neutralidad al haberse concertado con Claudia Hokama” para beneficiar a la firma con la concesión, que fue otorgada en junio de 2014.
¿Cómo se habría materializado ese favorecimiento? De acuerdo a la Fiscalía, y como lo informó este diario en su momento, Proinversión “descalificó irregularmente” al consorcio con el que competía Odebrecht.
Esta maniobra generó, según la investigación, un perjuicio de US$136 millones para el Estado. Ese monto es la diferencia entre la propuesta económica que entregó el consorcio integrado por la compañía brasileña (US$7,328 millones) y la de su competencia (US$7,192 millones).
Los vínculos:
Para el fiscal Abia, Edgar Ramírez y Claudia Hokama llegaron al instante de la licitación con una relación laboral cercana y fortalecida por los trabajos en los que coincidieron.
De acuerdo a las evidencias consignadas en la acusación, Ramírez ofreció servicios como representante legal de Latin Energy Global a la empresa Kuntur Transportadora de Gas y a Odebrecht (entre 2008 y 2013), desde tiempo antes de que asumiera su puesto en Proinversión.
En 2011, la constructora brasileña designó apoderada de Kuntur a Hokama, luego de haber adquirido “una cantidad significativa de acciones” de esta última empresa.
En 2012, la abogada asumió la gerencia legal de Kuntur “y como tal, brindó soporte legal a diversas situaciones que surgieron en el marco de la concesión del proyecto Gasoducto Andino del Sur”.
En adelante, según la Fiscalía, Hokama “actuó como agente autorizado” del consorcio que encabezó Odebrecht, “al que el Comité Especial Pro Seguridad Energética de Proinversión, presidido por Edgar Bartolo Ramírez Cadenillas, le otorgaría la buena pro”.
“Siendo ello así, se desprende la existencia de un vínculo profesional, laboral y amical entre Edgar Ramírez Cadenillas y Claudia Hakoma Kuwae”, resalta el informe.
Perú21 se comunicó con el abogado de Ramírez Cadenillas, Jorge Paredes, quien desestimó la tesis del fiscal Reinaldo Abia.
“Esa acusación no tiene elementos probatorios para lograr una condena porque es bastante débil (...) mi defendido tiene contacto permanente con profesionales del sector hidrocarburos porque ese es su especialidad”, manifestó.
Paredes reconoció que su patrocinado coincidió “en algunas reuniones” con Claudia Hokama, pero enfatizó en que ello no significa que ambos tengan una relación amical.
Este diario también buscó contactarse con el representante legal de Hokama, José Allemant, a través del estudio de abogados para el que trabaja. Si bien indicaron que se contactarían para una respuesta, ello no sucedió.
También se buscó conocer los descargos de Odebrecht ante esta acusación que la involucra en una licitación presuntamente irregular. No obstante, desde la compañía indicaron que no se pronunciarían al respecto.
Con la acusación, el fiscal también presentó otra solicitud al Poder Judicial: que imponga reglas de conducta a los acusados para evitar un peligro de fuga u obstaculización del proceso.
Pidió que se obligue a los investigados a no ausentarse de la localidad en la que residen sin previa autorización judicial; asistir a todas las audiencias programadas y pagar una caución de mil soles.
Esos requerimientos serán atendidos por el juez en audiencia pública que está próxima a programarse.
Tenga en cuenta:
* Existen dos investigaciones por la concesión del Gasoducto: una está a cargo del fiscal Abia; la otra en manos de Hamilton Castro, quien investiga el caso Lava Jato en Perú.
* Abia indaga el periodo de licitación de la obra (enero-junio 2014), mientras que Castro el proceso de gestación del proyecto. En esta investigación están incluidos Humala, Nadine Heredia, el ex ministro Eledoro Mayorga y otros ex funcionarios.
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