Gobierno usa a los ronderos para lanzarlos a las calles en su defensa

Uno de los que más hablaron fue Marino Flores Gonzáles, presidente colegiado de la Asamblea Nacional de los Pueblos Indígenas y representante de las rondas campesinas, quien dijo que desea “el cierre del Congreso, nueva Constitución y la nacionalización de recursos hidroenergéticos”, además de que, con la visita de la Fiscalía, se violó la “inmunidad presidencial”.

Pese a sus intentos de defender al jefe de Estado, Flores Gonzáles tuvo muchos tropiezos en su discurso y, por ejemplo, mencionó que “es increíble que la actual fiscal de la Nación ha disuelto la comisión de Los Cuellos Blancos y quiere sacar a fiscal Domínguez (que no existe) para que la corrupción quede allí”.

También habló Aladino Fernández, dirigente de Cajamarca, quien reclamó que han garantizado seguridad ciudadana gracias a la “seguridad” con la que vienen contribuyendo “gratuitamente”; por esto mismo tienen el derecho de reclamar una “agenda legislativa” para calmar la supuesta “criminalización” que vienen sufriendo los dirigentes de las comunidades por parte del “Poder Judicial y el Ministerio Público”. Se mostró en contra de los Comités de Autodefensa y pidió la derogación de la normativa 31394, que brinda beneficios a estos comités excluyendo a las rondas.

El empoderamiento que el gobierno de Castillo desea dar a las rondas campesinas es tal que incluso desde el Ejecutivo incluyeron en abril a laCentral Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC-P)en la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios (BDPI). Este beneficio, otorgado por el titular de Cultura Alejandro Salas, estaría contradiciendo al propio Ministerio de Cultura, que, en 2019, negó este mismo pedido, porque las rondas no requerirían estar integradas por miembros de las comunidades indígenas. Gracias a este favor, los ronderos se han sentido en el derecho de invadir territorios de las verdaderas comunidades indígenas.

La congresista de Renovación Popular Gladys Echaíz cuestionó las acciones de los ronderos y su sesgada defensa al presidente. “Si los ronderos cumplen la finalidad de dar seguridad en una población, pero vienen a darle seguridad a alguien a quien se está haciendo imputaciones de actos de corrupción, pasan a convertirse en un brazo armado de una organización criminal”, dijo.

Expertos han manifestado a este diario –en otras oportunidades– que Castillo ha tergiversado el rol de las rondas campesinas ante su mal gobierno, debido a las expectativas que les dio en un inicio, y que los abusos que vienen cometiendo violan los derechos humanos. Estas acciones han sido rechazadas hasta por la Defensoría del Pueblo, pero el gobierno insiste en dotarlos de poder.

El especialista en seguridad nacional Pedro Yaranga asegura que esta no sería la realidad de las rondas campesinas. Según indicó a Perú21.TV, a estas comunidades se les estaría dotando de poder para así obtener a cambio su respaldo al gobierno.

“El presidente está en su estado más crítico. Lo que está haciendo es una manipulación a unos cuantos dirigentes, la mayoría de Anguía y Chota”, señaló.

Además, dice que este grupo ha sido convocado por prefectos y subprefectos –que en su mayoría tienen afinidad por el gobierno– “en autobuses pagados con todos los viáticos, forzados y traídos a Lima”.

Yaranga advierte que los recursos del Estado estarían financiando a estas comitivas. “Yo comparo estas maniobras con las que hacían los cubanos en Venezuela, las rondas campesinas no quieren venir, pero estas están condicionadas”, aseveró. Mencionó también que posiblemente tengan que ver con licitaciones en el Estado.