Gregorio Rojas sobre audios de hermanos Chávez Sotelo: no son sus voces

Presidente de la comunidad de Fuerabamba defendió a los hermanos Frank y Jorge Chávez Sotelo, encarcelados por 36 meses.

Redacción PERÚ21

Fecha Actualización

25/08/2019 - 05:44

El presidente de la comunidad de Fuerabamba, Gregorio Rojas, defendió a los hermanos Frank y Jorge Chávez Sotelo, quienes han sido detenidos y encarcelados por el presunto delito de extorsión contra la minera Las Bambas.

Poco antes de su ingreso a la sede de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), donde se reunirá con el primer ministro, Salvador del Solar, y representantes de la minera, el dirigente negó la veracidad de los audios difundidos la víspera.

"Ellos responden por ellos (sobre audios donde piden culpar a la policía de la quema de chozas)", dijo inicialmente, para luego agregar: "Nosotros sabemos que los audios no son sus voces; no reconozco las voces".

El dirigente pidió que se cumplan todos los compromisos que ha hecho la empresa Las Bambas, como el estudio de impacto ambiental, que actualmente es el informe técnico sustentatorio.

"Nuestra percepción es que las comunidades tienen asesores y a la empresa minera no le gustó", sentenció Gregorio Rojas.

Como se recuerda, ayer se difundieron audios de conversaciones entre Frank Chávez Sotelo y comuneros de Fuerabamba, a quienes pide responsabilizar a la Policía de agredir a mujeres y niños y quemar chozas.

"Lo que tienen que hablar es que la agresión ha sido de parte de la policía y que no lo hemos soportado y que ellos mismos han prendido fuego a sus chozas, punto, a la mierda. Échenle la responsabilidad a la policía carajo, pensando siempre, pues, chicos", agrega.

Prisión preventiva

La jueza de investigación preparatoria de Cotabambas, Patricia Lavenza, dictó 36 meses de prisión preventiva en contra de los hermanos Frank y Jorge Chávez Sotelo por el presunto delito de extorsión.

Según el Ministerio Público, ellos encabezarían la presunta organización criminal Los Chavelos y ambos captaban a presidentes de comunidades campesinas para, luego, solicitar pagos por su asesoría legal.

Además, la fiscalía indica que el modo de actuar de los abogados habría sido amenazar a las empresas privadas mediante el bloqueo de vías para forzarlas a que accedan a sus requerimientos económicos.

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