Inaudito: El Estado se denuncia a sí mismo por acuerdo con Odebrecht

Titular de la Procuraduría Anticorrupción, Amado Enco, acusa a Procurador ad hoc para el caso Lava Jato de haber favorecido a la constructora brasileña para que cobre S/524 millones por la venta de la hidroeléctrica Chaglla en Huánuco.

Redacción PERÚ21

Fecha Actualización

27/08/2019 - 01:42

En un claro enfrentamiento del Estado contra el Estado, la Procuraduría Anticorrupción, que dirige Amado Enco, presentó una denuncia penal contra el procurador Ad Hoc del caso Lava Jato, Jorge Ramírez y los que resulten responsables, por los presuntos delitos contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible y omisión de actos funcionales.

Como si desconocieran los alcances del acuerdo suscrito entre la Fiscalía y la constructora brasileña Odebrecht (en febrero de este año), a Ramírez se le imputa haber pactado irregularmente con la citada compañía y con sus exejecutivos la devolución de S/524 millones producto de la venta de la hidroeléctrica Chaglla en Huánuco.

SE ENTERÓ DESPUÉS
En declaraciones a Perú21, el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, jefe de ambos funcionarios, precisó que el procurador Enco le informó sobre la denuncia contra Ramírez después de haberla presentado ante el Ministerio Público.

Este diario consultó con fuentes del sector Justicia para corroborar si el ministro Zeballos dio su aval para que se procediera de esa manera, pero nos indicaron que Enco actuó en el marco de su autonomía jurisdiccional.
Ramírez se encuentra actualmente en Brasil recogiendo testimonios, en el marco de sus pesquisas por el caso OAS que permita juzgar a políticos implicados en actos de corrupción como la exprimera dama Nadine Herredia y el expresidente Ollanta Humala.

Además, sus procuradores adjuntos se encuentran en otros estados de Brasil recopilando información sobre pagos de coimas a Luis Castañeda, Susana Villarán, y las entregas de dinero para las campañas de Keiko Fujimori, Humala y Pedro Pablo Kuczynski, entre otros.

El procurador Enco imputa a Ramírez la inaplicación de la Ley 30737 (creada para asegurar el pago de las reparaciones civiles y deudas tributarias) sin haber considerado que dichos colaboradores mantienen investigaciones y procesos judiciales pendientes.

Sin embargo, tuvo desde febrero pasado hasta la fecha (seis meses) para advertir las supuestas infracciones por las cuales hoy denuncia a Ramírez. ¿Por qué reacciona ahora?

Además, Enco culpa a Ramírez de haber permitido el fraccionamiento del pago de la reparación civil de S/610 millones en 15 cuotas anuales, renunciando a la posibilidad de cobrar casi la totalidad con cargo a los fondos existentes en el fondo intangible de recursos recuperados (FIRR).

Olvida Enco que precisamente el acuerdo del monto atrás indicado fue producto de una negociación que permitió que la empresa brasileña honrase su compromiso de pagar una indemnización por los daños ocasionados en el país y que Ramírez procedió por una salida negociada.

Enco advierte que la denuncia “no pretende la nulidad del acuerdo de colaboración eficaz”, porque -admite- se encuentra homologado mediante una sentencia de la jueza María Álvarez, pero sí que se investigue a los responsables.

OBSTACULIZA LABOR
La Procuraduría ad hoc rechazó, vía comunicado, la denuncia de Enco y la calificó como “un acto más de obstaculización” respecto al acuerdo de colaboración eficaz. “Llama la atención que se insista en pretender atribuir al procurador Ramírez presuntos actos delictivos por haber intervenido en la suscripción de un convenio cuya legalidad ya ha sido declarada por el órgano jurisdiccional competente”, se lee en el documento.

Precisa que la negociación y firma del acuerdo se hizo en el marco de su autonomía y facultades. “El beneficio de inaplicar la Ley 30737 respecto a la empresa Odebrecht es potestad única y exclusiva del Ministerio Público”, indicaron.

En cuanto al beneficio otorgado a Odebrecht por la Fiscalía por la venta de Chaglla, la Procuraduría ad hoc recuerda que promovió la cancelación de la deuda tributaria y acordó con la empresa un cronograma de pagos a 15 años.
La denuncia de Enco parecería petardear el citado acuerdo. ¿Con qué propósitos? El tiempo lo dirá.

Lo cierto es que la según la encuesta de Datum que publicamos en esta edición, un 63% de peruanos piensa que el convenio firmado por la Fiscalía y la constructora brasileña beneficia al país.

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