Informe.21: Riesgos de prohibir la publicidad estatal en los medios privados

El ministro de Vivienda, Carlos Bruce, dice que el Ejecutivo “no ve con buenos ojos este proyecto”.

Fecha Actualización

24/08/2019 - 02:22

Las diferentes instituciones del Estado compran espacios publicitarios en medios de comunicación privados (televisión, radio y diarios) para informar a la población sobre las actividades que desempeñan a lo largo y ancho del país, como campañas de vacunación, evaluaciones docentes o beneficios de vivienda.

Sin embargo, el proyecto de ley 2133, presentado por el congresista aprista Mauricio Mulder, busca cambiar radicalmente ese escenario, pues intenta prohibir toda publicidad estatal en medios privados.

La iniciativa será debatida hoy en una sesión conjunta de las comisiones de Transportes y Comunicaciones, y Constitución del Congreso.

Para el debate deben tenerse en cuenta algunas de las interrogantes que se han abierto: ¿la ley afecta la libertad de información? ¿Los medios públicos tienen el mismo alcance que los medios privados para llevar a cabo las campañas del Estado? ¿Las redes sociales de los organismos públicos pueden suplir el rol de los medios privados?

LA VOZ DE LOS ACTORES

El congresista Mulder asegura que “ya estuvo bastante bueno de la cantidad de recursos que el gobierno selecciona de forma discriminatoria para fortalecer a unos medios y perjudicar a otros”.

El 11 de enero de este año, señaló que “toda la publicidad que el Estado peruano supuestamente quiere hacer se puede hacer a través de las páginas web de cada una de las entidades”. Dijo esto sin contemplar que no todos los ciudadanos cuentan con servicio de Internet. De hecho, según informó ayer El Comercio, el 66.5% de los hogares peruanos tiene acceso; es decir, casi 4 de cada 10 hogares se quedaría fuera de la cobertura publicitaria de servicios del Estado.

Perú21 consultó con los involucrados en la publicidad estatal. ¿Es cierto que prohibir la publicidad del Estado en medios privados quita a los ciudadanos información relevante? El ministro de Vivienda, Carlos Bruce, manifestó que sí.

“Esa ley le negaría al Estado que tenga la capacidad de comunicarle a los ciudadanos las cosas de las que debe estar informado, ya sea para prevenir situaciones o para aprovechar oportunidades”, declaró.

Explicando la labor de su sector, se pregunta: “¿Cómo le informaría a los damnificados de El Niño que pueden participar en los programas de Techo Propio si no tienen acceso a El Peruano? Nunca he visto un Congreso con tanto ánimo de afectar a la prensa como este. El Ejecutivo no ve con buenos ojos este proyecto”.

El reconocido publicista Flavio Pantigoso considera que no se debe prohibir la publicidad estatal en medios privados, pero que sí se debe controlar el uso indebido de esta “como instrumento de propaganda a favor del gobierno”.

Al ser consultado sobre si deberían existir más regulaciones a la actual legislación, señaló que este “es un medio superregulado, al menos es lo que vemos desde las agencias de publicidad al participar en concursos públicos para adjudicar campañas”.

Pantigoso añadió que hay una “desproporción absoluta” entre los alcances de un medio privado y uno público dictada por “los usos y costumbres del libre mercado”.

Finalmente, indicó que “es un absurdo” creer que las redes sociales de las instituciones públicas pueden suplir la finalidad de la publicidad estatal en los medios privados. “Implica un absoluto desconocimiento de cómo funciona la publicidad. Las redes pueden servir, pero de manera complementaria”, aseveró.

Del lado de los consumidores, Crisólogo Cáceres, presidente de Aspec, sostuvo que “la publicidad te busca persuadir para que compres algo. En el caso que conversamos, el Estado busca informar que está haciendo una obra, un proyecto, y la finalidad ulterior es persuadir al público de que está haciendo un gran trabajo, pero no se genera una relación de compra-venta. La finalidad informativa se cumple, pero la persuasiva no siempre”.

El ex presidente de Aspec Jaime Delgado opinó que la iniciativa “no es descabellada porque los gobiernos han manipulado la publicidad”. “Si la noticia es de interés, los medios la van a cubrir sin poner un aviso pagado”, finalizó.

“PROYECTO SOSPECHOSO”

Pero no solo Estado y publicistas tienen voz sobre las incidencias del proyecto. El abogado Roberto Pereira cree que este “es un proyecto sospechoso de una afectación a la libertad de información a través de un mecanismo de censura indirecta”. Además, dice, la iniciativa “está técnicamente mal hecha porque postula una prohibición absoluta de contratación de publicidad del Estado para sustituirla por medios que no satisfacen las necesidades de comunicación del Estado y la población”.

TENGA EN CUENTA

- Consejo de la Prensa. Entidad dio cuenta ayer que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH envió, el pasado martes 23 de enero, una solicitud de información a la Cancillería peruana sobre el proyecto de ley de Mulder, por “la falta de debate público”.

- Sociedad Interamericana de Prensa. Sostiene que la iniciativa “es discriminatoria y atenta contra la libertad de prensa y empresa (...) Esto contrasta con los esfuerzos en otros países de la región”.

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