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Jueces defienden polémica resolución que aumenta sus sueldos

Consejo Ejecutivo del Poder Judicial recuerda que, al disponer el aumento salarial de los magistrados, solo acata lo que señala el “ordenamiento jurídico y sentencias jurisdiccionales”. Defiende actuación de César San Martín.

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Ante los duros cuestionamientos de los parlamentarios, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial salió en defensa de la resolución que aumenta los sueldos de los jueces y aclaró que solo está acatando lo que dispone el "ordenamiento jurídico y las sentencias jurisdiccionales".

"La resolución administrativa es consecuencia directa de un mandato judicial –no es una decisión discrecional-, cuyo efectivo cumplimiento requiere, necesariamente, de la cobertura presupuestal a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, única posibilidad para su indispensable ejecución", manifestó la instancia judicial a través de un comunicado.

En esa línea, el Consejo Ejecutivo del PJ defendió las gestiones realizadas por César San Martín para que se dé cumplimiento al aumento de las remuneraciones. Recuerda, además, que se hicieron las coordinaciones en todos los ámbitos para que sea una decisión consensuada.

"Al existir una sentencia en un proceso de cumplimiento que ordena la aplicación de lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, está obligado, bajo responsabilidad, a acatarla con la inmediatez que el Código Procesal Constitucional dispone", agrega.

Frente a las quejas expresadas por los legisladores respecto a que el Poder Judicial pasó por encima de los fueros del Congreso y del Ministerio de Economía al disponer el aumento salarial, el órgano anotó que "actúa razonablemente dentro del margen de atribuciones que le proporciona el Estado Constitucional".

"No hay un supuesto 'Estado Judicial' ni los jueces son los que manejan la agenda del Estado, como se ha querido insinuar, sino la actuación que precisamente dentro de un Estado de derecho se demanda a sus jueces", precisa.

No obstante, se mostró dispuesto a negociar este tema. "Ratificar la voluntad institucional de encontrar salidas dialogadas que permitan el cabal cumplimiento de las leyes y las sentencias constitucionales, dentro de justos parámetros de razonabilidad y progresividad", remarcó.