Jueces descartan las pruebas de la Fiscalía y liberan a los Chávez Sotelo

Mientras que en Lima la justicia tiene contra las cuerdas a los más altos funcionarios involucrados en el megacaso de corrupción Lava Jato; en Apurímac, el Poder Judicial ha dejado libres a los abogados Frank y Jorge Chávez Sotelo, señalados por el Ministerio Público de haber azuzado a la comunidad de Fuerabamba para bloquear la carretera de Yavi Yavi (Cusco) por más de 50 días. Esto generó pérdidas por 30 millones de soles mensuales al Estado peruano, según detalló el Ministerio de Energía y Minas, pues se impidió el paso de los camiones de la minera MMG Las Bambas que trasladan concentrado de cobre para exportación por el puerto de Matarani (Arequipa). 

En abril, la Fiscalía logró que se dictaran 36 meses de prisión preventiva para los Chávez por ser los presuntos cabecillas de la organización criminal Los Chavelos. La misma medida fue aplicada para el abogado Carlos Vargas como supuesto miembro de la banda. Sin embargo, la Corte Superior de Apurímac, conformada por los jueces Gonzalo Olmos Huallpa, Erwin Tayro Tayro y Reynaldo Mendoza Marín, decidió excarcelar a los tres investigados. Los magistrados solo les impusieron una medida de comparecencia con restricciones, lo que los obliga a no ausentarse de la localidad de residencia, y de presentarse cada semana al Juzgado de Investigación Preparatoria para firmar y dar cuenta de sus actividades. Además, les aplica una caución económica de S/20 mil a cada uno y les prohíbe comunicarse entre sí y dar declaraciones a la prensa sobre el caso. 

LOS FUNDAMENTOS
Para conseguir la prisión preventiva, el Ministerio Público presentó contundentes pruebas. Por ejemplo, testimonios de testigos protegidos, escuchas legales de conversaciones entre los abogados y dirigentes de Fuerabamba (ver infografía) y documentos que firmaban los comuneros, pero que habían sido redactados por los abogados, para exigir exorbitantes sumas de dinero a la empresa MMG Las Bambas; de lo contrario, amenazaban con bloquear las vías. 

Sin embargo, para los jueces de Apurímac, “el simple hecho de que autorice como abogado, las cartas u otro documento, no constituye en sí delito”. Los magistrados sostienen que dichos oficios no solo eran enviados a la minera, sino también a instituciones como la Defensoría del Pueblo y a varios congresistas. 

También se valen de la negociación entre los comuneros y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en la que se estableció el pago por el uso de la carretera que atraviesa el fundo Yavi Yavi. “El acuerdo implica que el pago por servidumbre de paso resultaba legal, sino cómo se explicaría dichos pagos efectuados por el Estado”, se lee en la resolución judicial. 

Lo revelado por los testigos protegidos, que confirman la tesis fiscal sobre la extorsión a la minera, también fue descartado por los jueces. Para ellos, sus dichos no están respaldados por otra prueba y por eso carecen de valor.
Lo mismo hicieron con las escuchas en las que los abogados ordenaban a los comuneros de Fuerabamba que no hablaran con la minera y, además, negociaban la repartija de los jugosos montos que exigían. Los jueces consideraron que no eran una prueba válida porque no habían demostrado que eran las voces de los investigados. 

EVALÚAN ASESORÍA
Tras una reunión con el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, el presidente de la comunidad de Fuerabamba, Gregorio Rojas, dijo a Perú21 que estaba satisfecho con la resolución que ha liberado a sus ex asesores.
“Estamos tranquilos, se ha hecho justicia. Justo estábamos en una reunión con el presidente del Poder Judicial y a los veinte minutos nos da esa alegría”, contó Rojas. 

El dirigente dijo que, probablemente, mañana o el lunes se reunirá con su comunidad para decidir si volverán a contratar a los Chávez Sotelo como sus asesores legales; no obstante, adelantó su intención de volver a contar con ellos. 

“Como dirigente, sí me gustaría trabajar con los hermanos Chávez, pero depende del pueblo”, comentó. 

Rojas aseguró que hasta el momento no se ha comunicado con los abogados, pero los defendió de las acusaciones que recaen en su contra. 

El fuerabambino comentó que se reunió con Lecaros para pedirle que investigue a los jueces de Cotabambas porque las denuncias que las comunidades presentan no proceden o son archivadas. “Le estamos dando la confianza al presidente del Poder Judicial”, indicó Rojas. 

El congresista Richard Arce ha presentado al Congreso un proyecto de ley de amnistía para las comunidades campesinas y otra iniciativa para que se derogue el artículo 200 del Código Penal, el cual contempla como delito de extorsión la obstaculización de vías de comunicación a través de medidas violentas. 

TENGA EN CUENTA
- OEFA planteó un plan de fiscalización ambiental en las zonas de influencia del proyecto minero Las Bambas con la participación de los vecinos del lugar. La reunión para aprobar el cronograma de actividades será el 6 de mayo. 

- El 16 de abril pasado se estableció, a través de Decreto Supremo, la conformación de la Comisión Multisectorial denominada para dialogar y vigilar el cumplimiento de compromisos en la zona de influencia de Las Bambas. 

- El 27 de marzo pasado, el MTC se comprometió a pagar por el uso de los 12 kilómetros de carretera de Yavi Yavi.