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Ramírez: Si aparecen más pruebas, se hará nuevo cálculo de reparación civil
Procurador ad hoc recordó que monto se aprobó en base a un cálculo regulado por la Ley 30737 dada por el actual Congreso
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El procurador ad hoc del caso Lava Jato, Jorge Ramírez, afirmó que si aparecen nuevas pruebas de corrupción u Odebrecht admite responsabilidad en otras obras, se hará un nuevo cálculo de la reparación civil que pagará la empresa brasileña al Estado peruano.
"Es un acuerdo de colaboración eficaz que es progresivo. No queda aquí, se están asegurando las pruebas que ya dio Odebrecht. Van a venir futuras pruebas e informaciones. Si reconoce responsabilidad o hay pruebas sobre otros proyectos no reconocidos (por el momento son cuatro), la reparación civil se va a recalcular y se va a sancionar a los responsables de otros proyectos", expresó.
"Es un monto legal que se ha hecho en base a un cálculo regulado por la Ley 30737 dada por este Congreso de la República, que establece una fórmula que determina los 610 millones de soles, que es un monto equilibrado", señaló.
En ese sentido, explicó que Odebrecht estaría pagando casi la mitad de los 1,250 millones de soles de perjuicio que habría causado al Estado peruano, según los cálculos hechos hasta la fecha por la Contraloría General de la República.
El procurador aseguró que después de Brasil, Perú es el país que más ha avanzado en las investigaciones y enfatizó que no solo Odebrecht pagará la reparación civil al Perú, sino también las empresas consorciadas.
"En Colombia y México las investigaciones no han prosperado. En nuestro país ya hay una serie de investigaciones preparatorias y preliminares abiertas gracias a las informaciones de Odebrecht", aseveró.
Con la firma de este acuerdo, los delegados de Odebrecht se comprometen a entregar toda la información respecto a los sobornos que pagaron en el Perú en los últimos quince años.
De igual manera, la constructora ratifica su voluntad de pagar una reparación civil de 610 millones de soles en un plazo de quince años.
El Ministerio Público, por su parte, garantiza con la suscripción de este acuerdo que no perseguirá penalmente a los funcionarios de Odebrecht que otorguen información legal, entre otros beneficios afines a las investigaciones.
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