Cecilia Valenzuela: Barranzuela defiende a traficantes de armas

Barranzuela tiene antecedentes suficientes para que el Congreso le exija a la premier su remoción del cargo. Pero el hallazgo del Decano realmente devela la catadura moral del también abogado de Perú Libre. Perú21 considera importante conocer los detalles de los casos por los que la justicia procesó a los hermanos Aybar; por eso, le preguntó a Cecilia Valenzuela, directora de este diario, pero sobre todo autora en el año 2000 de la investigación periodística que reveló que Montesinos y los Aybar Cancho traficaron y le vendieron armas a las FARC. El ministro del Interior del Perú no puede ser el abogado defensor de unos traficantes de armas sentenciados por la justicia peruana.

Así es, la investigación se publicó en el 2000. Primero que nada, no se puede hablar de los Aybar Cancho sin hablar de Montesinos. A fines de los 90, mientras en Perú terminaba el proceso de paz definitivo con Ecuador, con la intervención de los países garantes, Montesinos empezó a venderles armas a las FARC, unas armas que compró en Jordania a nombre del Servicio de Inteligencia del Perú y que soltó sobre la selva colombiana desde unos aviones que tenían la puerta en la panza. Montesinos era el dueño del negocio y del diseño, pero sus operadores, sus cómplices fueron los hermanos Aybar Cancho. Cuando Montesinos fue descubierto, le dijo a Fujimori que había detectado al interior del SIN a quienes vendieron las armas, para cubrirse, echó a sus operadores; acusó a los Aybar Cancho de ser los únicos responsables. Montaron, entonces, un show por televisión. Fue en agosto del 2000, y aparecieron Montesinos, Fujimori y los generales de la época en una “conferencia de prensa” para afirmar que, a través del plan Siberia, un plan diseñado supuestamente por Montesinos, el SIN había atrapado a los Aybar Cancho. Pero esa vez Montesinos no pudo salirse con la suya porque ya había demasiados elementos que lo vinculaban y tres países involucrados: el Perú, que pasaba la enorme vergüenza de que su Servicio de Inteligencia tuviera a la cabeza a un truhán y delincuente -y que hubiera agentes del SIN de la misma calaña-; Colombia, que era la víctima, y los Estados Unidos, que patrocinaban el Plan Colombia como parte de una lucha tenaz contra el narcotráfico. Ahí se empezó a caer esa estructura dictatorial que habían formado Montesinos y Fujimori.

En 1998 se estaba gestando en Colombia el Plan Colombia. El Departamento de Estado de los Estados Unidos y las oficinas antidrogas, la DEA, e incluso la CIA, tomaron la decisión de apoyar a los colombianos, que atravesaban problemas brutales a causa del narcotráfico. Entonces, Montesinos se acercó a la CIA, siempre tuvo relación con la CIA, y se propuso para administrar el Plan desde el Servicio de Inteligencia del Perú. Él decía que tenía los pergaminos, que había atrapado a Abimael Guzmán -mentira, lo atrapó la Dircote-, que el SIN había diseñado el rescate de los rehenes de la embajada de Japón -mentira, esa fue una hazaña de los militares peruanos reunidos en el Comando Chavín de Huántar-. Eran millones de millones de dólares de inversión y por supuesto Montesinos estaba completamente ávido por manejarlos; incluso, se adelantó y mandó construir el aeropuerto militar del Estrecho en Bagua, que está cerca de la frontera con Colombia y Ecuador. Estaba seguro de que lo lograría, pero los colombianos expusieron sus argumentos y el Departamento de Estado decidió trabajar directamente con el gobierno de Colombia. Entonces, Montesinos enfurece y decide boicotear el Plan. Toma contacto con autoridades de Jordania que estaban vendiendo un lote de armas y las compra a través del Servicio de Inteligencia peruano. Y de esas armas se encargan los Aybar Cancho, los dos hermanos y operadores de Montesinos en esa ‘hazaña’. El operativo consistió en recoger las armas, traerlas y al sobrevolar la zona donde estaban los campamentos de las FARC, arrojarlas desde un avión contratado por los Aybar Cancho. La hipótesis fiscal fue que los terroristas de las FARC le pagaban a Montesinos con cocaína. ¿Cuánto iba a ganar Montesinos por vender AKM’s? Muy poco; con todo lo que robaba en el Perú parecía absurdo que estuviera traficando AKM’s, pero su objetivo era político. La jueza Jimena Cayo me solicitó mi investigación para el proceso, claramente reunió más elementos de prueba y Montesinos fue condenado por traficar armas para las FARC con la ayuda de los Aybar Cancho.

Hasta donde pudimos aproximarnos, la mafiya rusa trabajó con Montesinos en esa operación y todo indica que fue protegida por el capo del SIN durante su reinado. En esa época, solo caían narcotraficantes menores, eran pantallas, nunca un gran cartel por ejemplo, ‘Vaticano’, que era un traficante peruano que trabajaba en Campanilla que máximo les vendía a los colombianos y hubo algunos otros más, pero nunca hubo un golpe fuerte contra un cartel importante y mucho menos contra el cartel de la mafia rusa a la que se conoce como la mafiya, que tenía infiltrados aquí en su propia embajada. Llegué a insistir para entrevistar a un cónsul al que tenía ubicado y el tal cónsul salió del Perú inmediatamente y no volvimos a saber más de él.

Los Aybar Cancho fueron grabados ofreciéndole a un empresario de metalmecánica peruano que se encargara de transportar las armas y soltarlas en la selva. Nunca le dijeron que eran para las FARC, le dijeron que era para fortalecer a nuestras tropas porque estábamos en guerra con Ecuador. El empresario se preocupó cuando lo fueron a visitar la primera vez, le dijeron que siendo él un importador de metalmecánica no sonaría extraño que transportara fierros, pero ese empresario, en la segunda y tercera vista, los grabó, (realmente Montesinos bebió de su propia medicina) y después de un tiempo, en marzo del año 2000, me entregó los videos. A partir de ahí pude desarrollar mi investigación.

En un momento determinado, los colombianos descubrieron parte de ese armamento en poder de las FARC, las armas tenían número de serie y se constató que provenían de Jordania. Entonces, el gobierno colombiano le reclama a Jordania y las autoridades de ese país responden: “Esas armas se las vendimos al Servicio de Inteligencia de Perú”. Los norteamericanos se enteran, yo tenía la investigación muy avanzada, era muy difícil de publicar en ese momento aquí en Perú. Los norteamericanos le reclaman a Fujimori y aparecen con el cuento del plan Siberia. Ahí comenzó el descalabro de la dictadura de Fujimori y Montesinos. Y ahora resulta, y es alucinante, que el actual ministro del Interior es defensor de los Aybar Cancho; El Comercio dice que en el juzgado donde está este caso ningún abogado ha pedido retirarse del proceso, eso quiere decir que Barranzuela sigue siendo abogado de los Aybar Cancho.

Es una vergüenza, pero es una vergüenza sobre todo para el gobierno porque a este ministro lo ha nombrado el presidente de la República. Así lo ha dejado bien en claro la primera ministra. Ahora bien, Mirtha Vásquez tiene que tomar decisiones porque al final ella también corre el riesgo de convertirse en cómplice. Este sujeto, que ahora es ministro del Interior, Luis Barranzuela, usa la estrategia de separar a los Aybar Cancho de Fujimori y Montesinos, dice que ellos solamente fueron víctimas, cuando ambos hermanos fueron parte del operativo, cómplices, y eso quedó absolutamente demostrado. De este tema están pendientes las autoridades del Departamento de Estado de los EE.UU. y, por supuesto, todas las autoridades o agentes de la lucha contra las drogas en América Latina, por lo menos. La tesis de Barranzuela para defender a sus clientes, dos delincuentes que han tenido que ver con una afrenta a la lucha contra el narcotráfico en la región, es victimizarlos y eso es muy grave, cuando ese mismo Barranzuela es quien quiere eliminar la erradicación de la hoja de coca en el Perú, el que quiere fortalecer a los cocaleros que cultivan una coca que se convierte en cocaína.

Si Mirtha Vásquez y Pedro Castillo no lo sacan, entonces el mensaje es que el Perú va camino a convertirse en un narcoestado. Yo realmente espero que el Congreso tenga la ocasión de pararse fuerte; en el caso Maraví aparentemente iban a hacerlo y al final no lo hicieron porque el propio Castillo tomó la decisión de separarlo, pero ahora tienen que hacerlo porque es gravísima la posición en que este precedente deja al Perú.