Ricardo Cuenca sobre maniobra del Congreso: “Es un atajo judicial para vulnerar la Sunedu”

Efectivamente. Aquí tenemos que ver dos cosas: Todos debemos de tener una absoluta claridad que esto se trata de una treta judicial, de un atajo de 33 congresistas para vulnerar el consejo directivo de la Sunedu. Ellos han presentado la consulta al Poder Judicial para dejar sin respaldo jurídico el recurso de amparo presentado por la Sunedu y, por lo tanto, hacer válida la ley –que ellos aprobaron– que llama a recuperar la ‘autonomía’ universitaria, lo cual es falso y el propio el Tribunal ya lo ha dicho antes.

Se trata de debilitar el Consejo Directivo de la Sunedu. Ser juez y parte respecto a la regulación de la calidad de la educación, pero también se trata de una vulneración al propio Ministerio de Educación como ente rector de las medidas educativas. Por lo que hablamos de un franco deterioro y cancelación de la reforma universitaria.

Lo que sucede es que luego de haber aprobado esta ley que vulneraba la reforma, la Sunedu envió una acción de amparo con lo cual se paralizó esta idea de reforma. Lo que han hecho los 33 congresistas es presentar una demanda constitucional contra su propia ley en el TC para que deje sin efecto el amparo presentado por la Sunedu.

Primero hay que esperar a que se conozca la sentencia en su totalidad a ver qué pasa con la resolución y estar atentos a lo que sigue. La reforma tiene mucha legitimidad y eso va a permitir darle el respaldo que necesita.

Como lo he dicho desde un principio, hay un conjunto de intereses particulares y no los intereses en el país, en la familia, en los alumnos, en los estudiantes. Se estaría perjudicando a la educación universitaria muchísimo. Antes de 2014 ¿cuál era la condición de las universidades? ¿qué tipo de universidades había? Ahora corremos el riesgo de que nuevamente el Estado no le pueda garantizar ni a las familias ni a los jóvenes la tranquilidad de una oferta educativa con condiciones básicas de calidad.

En ese entonces, en 2013, el debate sobre la ley universitaria mostró el descuido del Estado con la universidad pública, la heterogénea calidad de la oferta privada, un débil movimiento estudiantil, impresionantes sueldos de autoridades universitarias, congresistas vinculados a universidades privadas, ‘lobistas’ especializados en frenar proyectos legislativos, el limbo legal en el que operaba la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), universidades públicas incapaces de gastar el presupuesto otorgado para investigación, y muchas universidades privadas que obtienen millones de soles anuales de utilidades a cambio de un servicio de poca calidad. No queremos volver a lo mismo.