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Perúpetro no ha renunciado a iniciar acciones legales contra Interoil

A través de un comunicado, se justificó la firma de un contrato por 12 meses más con la empresa noruega que demandó al Estado peruano.

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Fecha Actualización
A través de un comunicado, Perúpetro informó que el Estado peruano no ha renunciado a iniciar acciones legales derivadas de la controversia arbitral con Interoil, empresa noruega representada en ese entonces por el estudio de abogados del que era socio el actual ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga.

Interoil denunció al Perú poco antes de que en marzo de 2013 venciera el plazo de 20 años para la explotación de los lotes 3 y 4 en Talara. El argumento fue que Perúpetro no quería reconocer una extensión del contrato solicitado por la empresa con el pretexto de que no pudieron operar al 100% por culpa de dos fenómenos El Niño.

Pese a lo dicho por Interoil, el 1 de abril se conoció el fallo del tribunal International Chamber of Commerce (ICC) de París a favor del Estado peruano. Sin embargo y gracias a una medida cautelar, la empresa siguió funcionando y, con Mayorga en el sector, se amplió por 12 meses la explotación de dichos lotes.

"Se están realizando las evaluaciones respectivas para cobrar a Interoil el usufructo por los lotes 3 y 4, estamos definiendo los montos a cobrar y dentro de los próximos 30 días se tomarán las acciones que corresponden", aseguró la entidad.

DEFIENDEN DECISIÓNSegún explica Perúpetro, la medida cautelar limitó la actuación de Perúpetro en tanto se emitía el laudo definitivo, y no permitió se pudiera convocar con anticipación a un concurso para seleccionar un nuevo operador", por lo que para evitar la paralización de la producción, *se suscribió el nuevo contrato.

"La suscripción de este contrato temporal no implica, de ninguna manera, que el Estado haya renunciado a iniciar las acciones legales derivadas de la controversia con Interoil,", aseveró la empresa estatal.

Este tema ha puesto al ministro Eleodoro Mayorga en serios aprietos por un supuesto tráfico de influencias. Parlamentarios como Víctor Andrés García Belaunde y Héctor Becerril han dicho que debe ser acusado constitucionalmente e interpelado por su actuación en este caso.