Poder Judicial ordenó inmediata libertad de Yehude Simon

Fecha Actualización

08/03/2020 - 23:17

La jueza María de los Ángeles Álvarez del primer juzgado nacional de investigación preparatoria declaró infundado el pedido de prisión preventiva por 36 meses contra Yehude Simon, exgobernador de Lambayeque, por el presunto delito de colusión y lavado de activos. El expremier es investigado por presuntamente recibir dádivas de Odebrecht por la concesión del proyecto Trasvase Olmos.

En el mismo sentido, se declaró infundado el pedido de prisión preventiva contra Jorge Salazar, jefe del proyecto Olmos. Igualmente se ordenó su inmediata libertad.

En la audiencia, la jueza no halló el cumplimiento de todos los requisitos que ameritaban la medida restrictiva contra Yehude Simon. Si bien se determinó que existían elementos fundados y graves de la comisión del presunto delito de colusión y lavado de activos, y el prognosis de pena mayor a cuatro años, no ocurrió igual con la obstaculización de justicia ni peligro de fuga.

En en análisis de obstaculización de justicia, el Poder Judicial consideró que Simon tenía arraigo domiciliario. En su decisión, Álvarez explicó que en el día de la detención preliminar, Simon fue detenido en su domicilio en Lima en donde se observaba que realizaba su vida familiar. Igualmente tomó en cuenta que otro inmueble de su propiedad ubicada en Chiclayo forma parte del “grupo familiar”.

También se consideró que tenía arraigo laboral, por ser una persona mayor de 72 años y que se encuentra jubilado. Igualmente se determinó que existía arraigo familiar.

Asimismo, se desestimó que Simon contara con facilidades para salir del país debido que no ha viajado desde hace más de dos años. Sobre este punto, la magistrada tomó en cuenta que durante el tiempo en que se inició la investigación, el político no ha salido del país “y nos da cuenta que existe sujeción a la investigación”.

Tampoco se halló que Simon realice actos que obstaculicen la justicia.

Al ser descartada esta medida, María Álvarez ordenó en su lugar la comparecencia por restricciones “que durará por todo el proceso”. Para ello, la jueza dictó una serie de medidas como el control biométrico, prohibición de salida del país y no tener contacto con los testigos del caso.

Además se ordenó el pago de una caución. En el caso de Simon, que pague S/30 mil y Salazar, S/10 mil. Dichos montos deberán ser cancelados en tres días hábiles.

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