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¿Por qué el gobierno de Manuel Merino teme a la demanda competencial?
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El procurador general Daniel Soria ha denunciado que quieren su cabeza y que el gobierno transitorio de Manuel Merino busca desistirse de la demanda competencial que interpuso el expresidente Vizcarra ante el Tribunal Constitucional (TC) el 14 de setiembre contra el primer intento de vacancia.
La medida es un dolor de cabeza para los actuales ocupantes de Palacio de Gobierno pues, según los términos que el TC interprete sobre los alcances de la incapacidad moral permanente, se podría decidir hasta la salida de Merino de la presidencia.
Una sentencia clave
En declaraciones a Perú21, el expresidente del TC Óscar Urviola explicó que si la sentencia dispone que los actos del Congreso fueron realizados en transgresión de la Constitución, se declararían nulas todas las resoluciones y actos emitidos, entre ellos, la vacancia.
“Se pueden declarar nulas las resoluciones del Congreso sobre la vacancia, así como todos los actos posteriores, como la juramentación de Merino. Los términos de la sentencia están en manos del TC, que podría decir que se restituya la presidencia”, subrayó Urviola.
El jurista explicó que esta medida es posible dado que es diferente a una acción de inconstitucionalidad, cuyos efectos no son retroactivos.
Urviola también aseveró que es imposible que el Gobierno se desista de la demanda competencial, cuya audiencia está programada para el 18 de noviembre. “El TC lo continuaría de oficio porque se analiza un tema de interés público”, remarcó.
Una opinión distinta tuvo el expresidente del TC, Víctor García Toma, quien expresó a este diario que solo se siguen de oficio los recursos de inconstitucionalidad. Sin embargo, Urviola lo contradice y señala que las reglas procedimentales de este recurso se aplican a la demanda competencial, según el Código Procesal Constitucional, y, por ende, se puede seguir de oficio.
El constitucionalista Raúl Ferrero Costa indicó que, aunque la decisión del TC sobre la demanda competencial “sería muy interesante”, el caso no podría ser visto si el Gobierno decide desistir de la demanda.
“El procurador es defensor del Estado y defiende lo que le dice el poder político. Entonces, si la ministra de Justicia tiene una disposición en determinado sentido, el procurador debe defender estos intereses”, acotó a este periódico.
El congresista Gino Costa (Partido Morado) escribió en Twitter que Merino teme la sentencia del TC “e intenta impedir que se pronuncie sobre la inconstitucional vacancia que lo llevó a Palacio”.
La abogada Susel Paredes, a su turno, advirtió que, mientras Soria se mantenga en el cargo, no se debe desistir de la demanda competencial.
“Si desisten, estaríamos viviendo una dictadura, solo comparable a Venezuela porque los poderes Ejecutivo y Legislativo estarían concentrados en una persona, Merino”, acotó a Perú21.
La intención de retirar la demanda competencial fue expresada por el premier Ántero Flores-Aráoz, quien señaló que el TC no podría resolver el caso si existe la sustracción de la materia. Asimismo, aseveró que este será un tema analizado por los abogados del Estado y la Procuraduría.
¿Cambios propicios?
La ministra de Justicia, Delia Muñoz, ha declarado que en ningún momento le expresó a Soria que busca retirar la demanda competencial y que solo hablaron sobre las estrategias legales. Muñoz se abstuvo de declarar a este diario.
Un tema que también fue denunciado por Soria, a cargo del caso, es que la ministra Muñoz estaría buscando su salida de la Procuraduría.
Al respecto, Urviola advirtió que dicha decisión no sería posible por impedimentos legales. Agregó que el procurador ejerce el cargo por cinco años y no es de confianza, como señalan funcionarios del Gobierno.
“Dicha regulación le otorga independencia y autonomía para que no sea sometido a la voluntad de quienes ejercen el gobierno de forma transitoria”, anotó.
Ferrero Costa indicó que el procurador, una vez nombrado, tiene independencia y “no depende de la ministra de Justicia y no lo puede mover”.
En declaraciones a TV Perú, el premier minimizó algún problema con el cambio de Soria. “Cualquiera puede cambiar al abogado porque no es de mi confianza”, dijo.
DATOS:
- La OEA, Ecuador, Colombia, Reino Unido y Human Rights Watch han solicitado, indistintamente, que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la constitucionalidad de la vacancia presidencial.
- El procurador Daniel Soria emitió anoche un comunicado señalando que, bajo las normas vigentes, esta institución es autónoma. Asimismo, ratificó que la ministra de Justicia, Delia Muñoz, le pidió su renuncia al cargo.
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