/getHTML/media/1241084
Otro gremio afectado por extorsión anuncia paro | La Voz del 21
/getHTML/media/1241089
Secretario de la Federación de Construcción Civil: "Nos vamos a huelga el 24 de octubre"
/getHTML/media/1241071
Jorge Medina analiza gobierno de Boluarte: "La compra de aviones no es una prioridad"
/getHTML/media/1241091
José Enrique Escardó y el escándalo internacional del Sodalicio en La del Estribo
/getHTML/media/1240474
¿Los peruanos somos malos ciudadanos? en Ciudadanos y Consumidores
/getHTML/media/1241069
Óscar Valdés: "Dina Boluarte está esperando una revuelta popular"
/getHTML/media/1240928
Andy Carrión sobre caso Chibolín y sus hijas: "Él se siente muy confiado"
/getHTML/media/1240899
Guillermo Loli: "Dina Boluarte ya no podrá revertir ese 4%"
/getHTML/media/1240904
Carlos Basombrío: "El principal incentivo para la extorsión está en la impunidad”
/getHTML/media/1240902
Presidente del Partido A.N.T.A.U.R.O.: “Antauro está conversando con Ollanta en secreto”
/getHTML/media/1240601
Gobierno de Dina manda a Harvey Colchado a cuidar un puente
/getHTML/media/1240475
Paro de transportistas: Roman Nazario sobre tiendas cerradas en Mesa Redonda
/getHTML/media/1240329
Franco Olcese: "Dina Boluarte no tolera las críticas"
/getHTML/media/1240027
Carlos Anderson sobre compra de aviones de guerra: "Hay gato encerrado"
/getHTML/media/1240017
"Comprar aviones de guerra por $3 500 millones equivale casi al 1% del PBI"
/getHTML/media/1239669
Ricardo Briceño, expresidente de la Confiep: "Pido simplemente justicia, no compasión"
/getHTML/media/1239537
José Baella sobre caso Vladimir Cerrón: "Se debería investigar la contradicción de la Policía"
/getHTML/media/1239536
Fuad Khoury: "No es el momento para invertir en aviones de guerra"
/getHTML/media/1239269
Impulsared: el programa que promueve el desarrollo a través del emprendimiento
/getHTML/media/1239371
Romy Chang sobre 'Chibolín': "La caución asegura la permanencia de Elizabeth Peralta"
/getHTML/media/1239361
José Carlos Mejía, abogado de agente 'Culebra' habla sobre supuesto atentado: "Han sido dos extraños incidentes"
/getHTML/media/1239253
Dina Boluarte endeudará al Perú por S/ 7,500 millones para comprar 12 aviones de combate
/getHTML/media/1239252
Adrián Simons: "Tipificar terrorismo urbano no soluciona nada"
/getHTML/media/1239251
Todo lo que debes saber sobre el sorteo 'Escapada de Primavera'
/getHTML/media/1239123
Víctor García Toma: "El JNE debió anular la inscripción de A.N.T.A.U.R.O"
PUBLICIDAD

PPK destina S/1,000 millones más que Ollanta Humala para combatir la inseguridad ciudadana

Ejecutivo espera que el Congreso apruebe la partida de S/142 mil millones para financiar los proyectos que tiene el gobierno para el próximo año. Para reducir la inseguridad ciudadana se asignará S/4,757 millones.

Imagen
Fecha Actualización
El Poder Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, en el cual solicita que el Parlamento apruebe un plan presupuestal de S/142,471'518,545 para distribuirlos en el Gobierno Nacional, gobiernos regionales y locales. Este monto es equivalente al 20.1% del Producto Bruto Interno (PBI) y es mayor en 4.7% (nominal) al presupuesto del año 2016.

Con ello, el Ejecutivo estaría poniendo sus bases con miras al cumplimiento de su compromiso, el de priorizar la inversión social y el mejoramiento de los servicios para todos los peruanos.

En línea con el trabajo de seguridad ciudadana para desarticular bandas criminales, reducir puntos de ventas de drogas y continuar con los megaoperativos policiales, el Ejecutivo presentó un presupuesto por encima –en poco más de S/1,000 millones– de lo que el gobierno de Humala planteó para el 2016.

Para la Función de Orden Público y Seguridad, el presupuesto asciende a S/9,361 millones, de los cuales S/4,757 millones están enfocados únicamente en reducir los delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana. Además, se destinan recursos para la incorporación de 8,600 nuevos policías –a partir de enero del 2017–, así como la bonificación del quinto tramo a favor de más de 124 mil efectivos de la PNP.

Prohíben reajustes

El proyecto de ley prohíbe a las entidades del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y locales el reajuste o incremento de remuneraciones, bonificaciones, dietas, asignaciones, retribuciones, estímulos, incentivos, compensaciones económicas y beneficios de toda índole, cualquiera que sea su forma, modalidad, periodicidad, mecanismo y fuente de financiamiento.

Además, se les ha prohibido hacer modificaciones –en el nivel funcional programático– en las partidas de gasto de servicios de energía eléctrica, agua y gas y servicios de telefonía e Internet.

De esta manera, el documento dispone que las entidades del Gobierno Nacional que transfieran recursos a los gobiernos regionales o locales para ejecutar proyectos de inversión deben asegurar la entrega de los mismos hasta su culminación. Además, el MEF resaltó que se adelanta a marzo de 2017 el plazo para efectuar las transferencias a favor de estos gobiernos.

Juan Mendoza: Ni pensar en bajar el IGV

El proyecto de presupuesto del MEF es incompatible con cualquier tipo de reducción impositiva. La discusión sobre la reducción del IGV debe ir a la congeladora.

Si se planteara una reducción en el IGV, sería virtualmente imposible que la recaudación tributaria no se redujera, como ya ha ocurrido en el pasado. Reducirlo sería una apuesta audaz que comprometería la salud de las finanzas públicas por varias razones. Primero, porque haría difícil el financiamiento de los bienes y servicios públicos, y el cumplimiento de las metas presupuestales. ¿De dónde saldría la plata para subir las remuneraciones de policías, maestros y servidores de salud?

Segundo, la política económica perdería credibilidad, obligando al gobierno a incrementar nuevamente los impuestos. Tercero, con menos recaudación lo más probable es que la inversión pública tendría que contraerse, tal y como le pasó a Ollanta Humala en el 2014 y 2015.

Este proyecto es prudente siempre y cuando no se considere bajar impuestos. Asimismo, es positivo el énfasis en seguridad ciudadana, agua y desagüe, educación y salud. Los mayores recursos destinados a estas áreas deberían incrementar la productividad del sector privado. También, un incremento en la inversión pública ayudará a dinamizar la inversión privada.

Así, mientras la política fiscal se oriente a conseguir que aumente la inversión, estaremos en buen camino para recuperar una senda de mayor crecimiento.