Presidente del PJ plantea que “organizaciones criminales sean calificadas como terroristas”

Fecha Actualización

22/04/2024 - 13:02

El presidente el Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, inauguró este lunes en la provincia del Santa una nueva unidad de flagrancia que atenderá a la población de Casma, Corongo, Pallasca, Huarmey y Chimbote, para castigar el delito con mayor celeridad en estas provincias en donde se reportan un gran nivel de incidencia delictiva.

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En ese sentido, Javier Arévalo mostró su preocupación por los últimos actos de sicariato y extrema violencia de crimen que se viven en el país: “me preocupa el uso de explosivos, cobro de cupo, le encuentro parecido con acciones terrorista”, expresó la máxima autoridad judicial tras considerar que es hora de cambiar la tipificación de los delitos de las organizaciones criminales como actos de organizaciones terroristas para endurecer las medidas contra la delincuencia.

En esa línea enfatizó que es necesario que se cambie la legislación para que las Fuerzas Armadas puedan apoyar la labor de la Policía Nacional en las calles, y le devuelvan la paz al país que tanto esperan los peruanos.

Arévalo invocó al Ejecutivo a entregar mayor asignación presupuestal para la labora de la PNP, Ministerio Público, Ministerio de Justicia y Poder Judicial que son los operadores del sistema de justicia en estos locales que sanciona el delito en menos de 72 horas.

Además, hizo un llamado al presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, quien dijo, parece no haber entendido que la implementación de las unidades flagrancia son un puntal de la lucha contra la delincuencia que hay que fortalecer a nivel nacional.

También pidió al Congreso de la República que apruebe cuanto antes el proyecto de unidades de flagrancia delictiva que el Poder Judicial presentó y que se encuentra pendiente de debate y aprobación.

Con la nueva sede del Santa, ya son 8 las unidades de flagrancia existentes en el país con el objetivo de luchar contra la alta tasa de criminalidad donde opera la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Defensa Pública para castigar el delito en cuestión de horas y reducir así el tiempo que demoran los procesos en el sistema judicial.

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