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Reparación civil fijada en acuerdo con Odebrecht no es definitiva
Procurador ad hoc indicó que si la empresa reconoce su responsabilidad en otras obras o las pruebas lo demuestran, el monto aumentará.
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La reparación civil de S/610 millones que deberá pagar Odebrecht tras firmar el último viernes el acuerdo de colaboración con nuestro país no es una cifra inamovible.
El procurador ad hoc del caso Lava Jato, Jorge Ramírez, aclaró ayer que la reparación puede aumentar de acuerdo al avance de los procesos e investigaciones que realiza la Fiscalía. “El acuerdo de colaboración eficaz es progresivo. No queda aquí. Van a venir futuras pruebas e informaciones. Si (Odebrecht) reconoce responsabilidad o hay pruebas sobre otros proyectos no reconocidos, la reparación civil se va a recalcular”, dijo a RPP.
En el acuerdo, la empresa brasileña reconoce la entrega de sobornos en cuatro obras: la Costa Verde - tramo Callao, la Vía de Evitamiento de Cusco, la carretera Interoceánica Sur (tramo 2 y 3) y la Línea 1 del Metro de Lima (tramo 1 y 2).
Sin embargo, el equipo especial del caso Lava Jato de la Fiscalía ha encontrado indicios de irregularidades en otros proyectos como el Gasoducto del Sur y Línea Amarilla, que están bajo indagación.
Fuentes relacionadas directamente con la firma del acuerdo explicaron a Perú21 que si la Fiscalía encuentra pruebas sobre el pago de sobornos, darán un plazo a Odebrecht para que reconozca su responsabilidad y aporte más pruebas. Por ejemplo, ello ocurrió en el proyecto Carretera Chacas (Áncash), donde, a través de dos acuerdos de colaboración eficaz, la empresa reconoció su culpa y pagará S/65 millones adicionales como reparación civil.
Si Odebrecht se niega a reconocer su responsabilidad, deberá ser el Poder Judicial quien lo determine según el avance de las investigaciones y las pruebas halladas.
En esa línea, se evalúa alimentar el acuerdo de colaboración con “adendas” que sumen las posibles reparaciones que se establezcan.
Por otro lado, Ramírez indicó que el cálculo de los S/610 millones se dio con base en la formula que plantea la Ley 30737, aprobada por el actual Congreso en marzo de 2018.
Esto representa casi la mitad de los S/1,250 millones de perjuicio que habría causado Odebrecht al Estado en las cuatro obras referidas, según cálculos de la Contraloría.
De acuerdo a las fuentes, la pretensión de la Procuraduría Ad Hoc será cobrar el resto a las empresas que se consorciaron con la brasileña para la ejecución de los proyectos.
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