Roberto Pereira: "El proyecto de Mulder no debería prosperar"

Un nuevo proyecto legislativo que afecta a los medios de comunicación viene despertando críticas de varios sectores. En esta ocasión, la iniciativa del congresista Mauricio Mulder busca prohibir la publicidad estatal en los medios privados. El abogado Roberto Pereira, especialista en temas de libertad de expresión, reconoce varios peligros en la propuesta.

¿Cómo califica esta propuesta? ¿Buena, mala, peligrosa?
Es una iniciativa bastante extraña, porque nunca se había planteado esta situación. En segundo lugar, creo que es un mal proyecto, porque, para empezar, en su exposición no refleja cuál sería el problema que plantea solucionar. La exposición de motivos es muy escueta. Solo señala que esto es muy oneroso para el Estado, pero no aporta evidencias.

¿Por qué es un problema prohibir la publicidad del Estado en los medios privados?
Impacta en el acceso a la información de la gente, porque el Estado se verá limitado en sus posibilidades de difundir aquello que le interesa que se conozca.

¿No todos tendrán acceso a la misma información?
Exactamente, y hay información que el Estado necesita transmitir periódicamente, por algunos eventos (elecciones, censos, programas sociales, vacunaciones), o por necesidades imprevistas, como cuando hay desastres naturales o problemas climáticos.

Como alternativa para esa difusión, Mulder dice que la publicidad de las instituciones públicas puede difundirse en sus redes sociales. ¿Tienen el mismo alcance?
No, eso es desconocer cómo funciona la comunicación. El acceso de las personas a Internet para informarse es muy escaso. La gente entra a Internet para otras cosas, no para informarse sobre los servicios públicos. En segundo lugar, en varios sitios no hay acceso a Internet. Imagínese la selva, donde ni siquiera hay fibra óptica ni banda ancha. Imagínese la campaña de salud, de alimentación, en poblaciones rurales. Es absurda esta idea.

¿También se limita la libertad de expresión?
Aquí el problema viene porque el proyecto, al carecer de razonabilidad, impide que los medios privados accedan a una fuente de financiamiento legítima, con lo cual afectan su capacidad de financiamiento. Esa es una afectación indirecta a la libertad de expresión. No seamos ingenuos. Detrás de esto hay una molestia hacia los medios privados por parte de los políticos. Por eso es que los más cuestionados se han alineado a este proyecto. Eso no es casualidad. Con esto, generas que algunos medios salgan del mercado o busquen formas de autocensurarse.

Se ha dicho, también, que el proyecto busca preservar la libertad de expresión porque trata de evitar que se utilice la publicidad estatal para que un medio se alinee al gobierno de turno.
Ese es un riesgo, pero la solución a ese problema no es la eliminación absoluta de contratación.

¿Cuál sería la solución?
Se puede revisar la Ley de Contrataciones de Publicidad del Estado, pero primero se tiene que probar que hay un problema. En segundo lugar, están los órganos de control del Estado. Cuando una dependencia pública hace un gasto en publicidad que no se ajusta con las necesidades, está sujeta a una serie de sanciones.

¿Ninguno de los últimos gobiernos ha sido sancionado por esto?
No se conoce. Sería bueno que la Contraloría diera un reporte de casos en los que ha promovido denuncias penales por este tipo de mal uso de la publicidad.

Mulder dijo que hubo un “dispendio” en publicidad estatal y que, más bien, esos recursos deberían ahorrarse.
Es probable que la inversión de la publicidad estatal haya ido incrementándose, pero es normal. Yo no sé cuáles son las fuentes del congresista para sostener eso.

¿Este proyecto, tal cual, no debería prosperar?
No debería prosperar, debería ser rechazado de plano. Además, tiene una contradicción: prohíbe la contratación de publicidad en medios privados, pero dice que las entidades públicas tienen que abrir cuentas en las redes sociales y estas son privadas. Nada es gratis en Internet.

Si no hay sustento jurídico en el proyecto, ¿este solo tiene un fin político?
Es una explicación. La otra es que hubo un apasionamiento y desconocimiento del asunto. Esta iniciativa responde a un patrón de una serie de proyectos que se han venido presentando que apuntan a controlar contenidos, controlar quiénes dirigen y golpear económicamente a los medios. A mí no me queda duda de que hay un patrón que tiene que ver con responder a las críticas que se hacen en los medios.

Hubo críticas al presidente, pero ningún miembro de su bancada presentó estas iniciativas. Vienen de Fuerza Popular y del Apra.
Hay una manera de determinados políticos de entender equivocadamente estas instituciones democráticas, la libertad de expresión. El error radica en percibir a determinados medios de comunicación como actores político-partidarios, como adversarios políticos. Ahí hay una distorsión. Ante la ausencia de partidos fuertes que puedan entrar en este debate, la prensa pasa a ser el objetivo central de ataque de los políticos.

- “Soy abogado de la PUCP, tengo un máster en Derecho Penal por las universidades de Barcelona y Pompeu Fabra, además de un título de posgrado en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Soy socio del estudio Benites, Forno & Ugaz Abogados”.

- “Soy abogado del magistrado Carlos Ramos Núñez en la denuncia que se presentó contra él y tres miembros del TC. La acusación constitucional carece de fundamento constitucional porque mal usan una figura grave para saldar discrepancias”.

- “Claramente, a un sector de la política no le ha gustado la manera en que resolvió el TC en el caso El Frontón y tampoco le ha gustado algunas decisiones que han tomado fiscales determinados y han reaccionado contra eso acusando al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez”.