Con 80 votos a favor, 6 en contra y 21 abstenciones, el Congreso de la República aprobó en segunda votación una norma que otorgaría facultades a la Policía Nacional de investigar delitos preliminarmente y de esta manera agilizar los procesos penales, pero sin presencia del Ministerio Público.
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Esta decisión abrió los debates entre policías en retiro y exfiscales.
El exjefe de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) Jose Baella indicó a Perú21 que la Policía estudia “para investigar el delito” y que un abogado estudia “para saber e interpretar las leyes y apoyar a la Policía en la investigación del delito a través de la conducción jurídica”. Explicó que la norma aprobada dice que la Fiscalía tiene la conducción jurídica de la investigación y que la Policía tiene la conducción material.
“Hemos sido testigos de la incapacidad de algunos fiscales para poder aceptar esta situación y creer que la Policía como institución es una subordinada. No es así, acá son dos instituciones diferentes de un binomio, es importante porque vamos a favorecer a la sociedad”, dijo Baella.
Por su parte, el exfiscal Martín Salas declaró a Perú21TV que la Ley aprobada por el Congreso “es totalmente inconstitucional”. Esto debido a que, según el abogado, la norma “vulnera tajantemente el inciso 4, artículo 159 de la Constitución que, precisa que las investigaciones estarán a cargo del Ministerio Público desde su inicio”, aseguró Salas.
Añadió que la decisión beneficiaría a la clase política que “en más de un 80% está cuestionada por temas de corrupción”. Se refirió al Congreso y a las investigaciones que se le sigue a la presidenta Dina Boluarte, a su hermano y a algunos ministros. “Por mandato constitucional la PNP está sometida al poder político del Ejecutivo y ahora las investigaciones las va a dirigir el Ejecutivo. Lo que se está buscando es algo que le conviene a la clase corrupta política que nos viene gobernando”, aseveró.
Respecto al tema, José Baella, sostuvo que en todos los gobiernos democráticos del mundo la Policía y las Fuerzas Armadas pertenecen al Ejecutivo y lo apoyan, pero que “las investigaciones son reservadas y para eso está la capacidad profesional del fiscal y del policía. No es que va a depender directamente del Ejecutivo”, aseguró.
El Ejecutivo dijo que no iba a observar la norma. “Vamos a cumplir con lo que corresponda, con implementar la ley en lo que a nosotros compete, no hemos evaluado la posibilidad de observarla”, señaló el premier Adrianzén.
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