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Solsiret Rodríguez: Defensoría indica que el caso demuestra falencias estructurales en el sistema de justicia
Tras la orden de liberación de los presuntos responsables del asesinato de Solsiret Rodríguez, la Defensoría rechazó las trabas que complica el acceso a la justicia para víctimas de violencia de género.
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La Defensoría de Pueblo rechazó la orden de excarcelación para Andrea Regina Aguirre Concha y Kevin Alexander Villanueva, procesados por el homicidio de la joven activista Solsiret Rodríguez, tras vencerse la prisión preventiva que se dictó en contra de ellos. La institución se pronunció sobre “la ausencia de la debida diligencia desde el inicio mismo de la denuncia y las demoras en el proceso que han originado esta situación, la cual refleja las falencias estructurales del sistema de justicia antes hechos de violencia de género”.
Recordaron además el retraso que se presentó en el caso desde la recepción de la denuncia por desaparición, luego de que la Departamento de Investigación Criminal (Depincri) del Callao no aceptara recibir la alerta del padre de la víctima. “Esta situación es inaceptable, ya que, como se ha advertido, las primeras horas en que está desaparecida la víctima son claves para poder ubicarla con vida, previo a un posible hecho de violencia conexo”, resaltaron.
La Defensoría resaltó que no aceptar la denuncia del padre de Solsiret originó que se abriera un proceso contra el suboficial Pio Dante Pastor Bocangel por inacción de funciones. Sin embargo, a la fecha, el caso se encuentra en peligro de ser archivado en el fuero militar-policial, lo cual sentaría un precedente de impunidad frente a este tipo de deficiencias en la Policía Nacional del Perú (PNP).
Para recordar las falencias del proceso, la Defensoría cuestionó que la ubicación del cuerpo de la víctima demoró tres años y medio, a partir de lo cual se inició el proceso para sancionar a los presuntos responsables, el cual se dilató porque las dos primeras fiscales no realizaron ninguna diligencia. “Recién el tercer fiscal a cargo solicitó y recibió apoyo logístico para desarrollar su labor, aunque las demoras impactaron en la recaudación eficiente de las pruebas del caso”, explicaron.
“El juicio oral inició el 4 de marzo de este año, programándose solo 8 sesiones hasta junio, pese a los pedidos de que se realicen audiencias más frecuentes para agilizar el proceso”, agregaron en la misma línea del fiscal a cargo del caso, Jimmy Mansilla, quien cuestionó que las fechas de audiencias debieron hacerse más continuas y extensas.
“Esto originó que, a pesar de las ampliaciones, se venciera el plazo de prisión preventiva para los acusados (25 meses en total), lo cual trajo como consecuencia la decisión de excarcelación previo pago de 60 000 soles y cumplimiento de medidas de comparecencia”, cuestionaron y recomendaron a la Fiscalía solicitar al PJ la aprobación de impedimento de salida del país, para garantizar la presencia de los investigados en las sesiones y evitar la fuga e impunidad.
El caso emblemático de Solsiret Rodríguez refleja el problema estructural que enfrenta el Sistema de Justicia, y que vienen sufriendo otras víctimas de violencia de género. Desde la recepción de la denuncia hasta el desarrollo de los procesos penales, se advierte la necesidad de un tratamiento de los casos con enfoque de género y celeridad que permita una atención efectiva y un adecuado acceso a justicia, que evite la impunidad.
La Defensoría del Pueblo se comprometió en continuar supervisando este y otros casos en donde se evidencien los problemas que afectan los derechos de las mujeres. Asimismo, reitera la necesidad de implementar diversas medidas que permitan prevenir la violencia en los distintos niveles de nuestra sociedad.
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