Defensoría del Pueblo sobre ley que atenta contra Sunedu: “Presentaremos un amicus curiae en coordinación con otros organismos”

La adjunta para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo, Eugenia Fernán-Zegarra, calificó de “engañoso” el nombre de los proyectos de ley 697, 862, 908 y 943 que supuestamente apuntaba a restablecer la autonomía de las universidades.

“Este título es totalmente engañoso porque nunca se ha afectado la autonomía e institucionalidad de las universidades. El mismo Tribunal Constitucional lo ha ratificado y en 2008 ordenó la creación de un ente que supervise la calidad educativa superior, ante el fracaso de la Asamblea Nacional de Rectores”, dijo a Perú21.

La funcionaria precisó que desde la Defensoría consideran que el dictamen aprobado por insistencia el último miércoles en el Congreso afecta seriamente el derecho de miles de jóvenes de recibir una educación universitaria de calidad. Recordó que como parte de su mandato constitucional, recurrirán a la vía legal contra la norma que es contraria a los precedentes sentados por el Tribunal Constitucional.

“El Tribunal Constitucional ha demostrado en diferentes sentencias que la ley universitaria actual, Ley 30220, no contraviene la autonomía universitaria y más bien garantiza la necesidad de una educación superior de calidad. Es ahí donde entran las contradicciones de este dictamen porque sabemos que ahora se los representantes de universidades tendrán un espacio en el directorio. Prácticamente el Estado está renunciando a la obligación estatal de mantener los estándares de calidad en la educación porque se le está restando rectoría al Ministerio de Educación”, explicó la abogada.

Otras regulaciones que contraviene la cuestionada norma son el artículo 119 de la Constitución que precisa que la dirección y la gestión de los servicios públicos están confiadas al Consejo de Ministros; y a cada ministro en los asuntos que competen a la cartera a su cargo. ”Siendo la educación universitaria un derecho público estamos restando la facultad que tiene el ministro del sector correspondiente a ejercer la rectoría y esto a su vez ve contradice el artículo 4 de la ley orgánica del Poder Ejecutivo que dice que al Ejecutivo, es decir a los ministros, les corresponde diseñar y supervisar las políticas sectoriales siendo esta una competencia exclusiva de este poder del Estado”, argumentó.

La funcionaria de la Defensoría reiteró que la norma no solo modifica la composición del directorio de la Sunedu, sino que elimina la función de licenciar las facultades de programas de estudio que conducen al grado académico, afectando directamente a la universidad pública y privada. “Ess ahí donde entran a tallar derechos de los estudiantes que concurren a estos centros de formación, porque estamos hablando de formación profesional donde no solo se considera la investigación científica y formación en valores sino que ya hay una afectación directa de los servicios que estos profesionales podrán ofrecer a la sociedad”, comentó.

En esa línea, adelantó que presentarán un amicus curiae, en coordinación con otras organizaciones que presentarán demandas de inconstitucionalidad. “Este es un recurso propio de una institución que defiende los derechos humanos como la Defensoría. En defensa de la educación, cuando esté listo lo anunciaremos”, aseveró.

En tanto, la Sunedu recordó ayer, durante un seminario, que la “autorregulación” nunca dio buenos resultados para la educación superior.